La extinción y transferencia de fondos de los fideicomisos del Poder Judicial para atender los daños provocados por el huracán Otis en Guerrero, el único cambio aceptado en el Presupuesto de Egresos de 2024 para este fin, estará en pausa hasta que se resuelvan los litigios alrededor de los recursos.
Omar Guerrero, socio líder de la firma Hogan Lovells, explicó que las suspensiones ordenadas por dos jueces federales a la reforma que extingue los fideicomisos permite que dicha modificación legal no surta efectos.
Estas suspensiones son procedimientos paralelos al juicio principal donde debe dirimirse si hubo o no una violación a la Constitución con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) por la que se extinguen 13 de 14 fideicomisos.
La sentencia por este juicio puede demorar desde semanas hasta un par de meses a partir de que se fije la fecha de la audiencia constitucional, dependiendo de de la sofisticación de los argumentos y y la carga de trabajo de los juzgados.
Cualquiera que sea la sentencia, puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado de Circuito o eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que puede atraer el caso, como ha sucedido en otros casos por su importancia y trascendencia
explicó el abogado en entrevista.
Fideicomisos en disputa
Actualmente existen dos suspensiones alrededor del decreto que extingue los fideicomisos. Una de ellas, otorgada por el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, es definitiva y con efectos para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La segunda es una suspensión temporal concedida por la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, también con efectos generales. El 14 de noviembre se llevará a cabo la audiencia para confirmar si se otorga la suspensión definitiva.
“Seguramente vendrán otros juicios de amparo en distintas entidades de la República que a lo mejor hacen que no se puedan ejecutar por el momento las consecuencias del decreto”, comentó Omar Guerrero.
Por lo pronto, senadores de PAN ya acudieron ante la SCJN para presentar un recurso de anticonstitucionalidad por la reforma.
Mientras que desde gobierno federal, la Consejería Jurídica solicitó a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ejercer la facultad de atracción del alto tribunal y resolver de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del Poder Judicial.
“Al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes, (los miembros del PJF) están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”, indicó la dependencia en un comunicado.
La Consejería argumentó que las suspensiones se concedieron en fast track y que violan en su beneficio el principio de imparcialidad del artículo 17 constitucional y el 51 de la Ley de Amparo, que establece que ningún juez debe conocer de su propia causa.
De acuerdo con datos de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal, 10 de los fideicomisos con los que cuenta tenían un saldo acumulado de 15,789.8 millones de pesos al cierre de septiembre.
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