En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos al año, sin embargo, Obrador considera que no ha hecho nada para combatir la corrupción.
(El INAI) durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar. Tienen un presupuesto como de 1,000 millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción
dijo López Obrador.
El INAI anunció el martes que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como seguridad nacional.
🔶 INAI prepara controversia constitucional ante la @SCJN en contra del Acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como seguridad nacional. #INAIalMomento https://t.co/cBEc7rFg7C pic.twitter.com/8b9NgafW05
— INAI (@INAImexico) November 23, 2021
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Ante esto, el presidente comentó que lo anterior es un acuerdo para que sus adversarios, que están empeñados en poner obstáculos, no puedan detener las obras.
“No tiene nada que ver con la transparencia, nosotros tenemos que rendir cuentas, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.
Obrador también reiteró sus señalamientos contra el órgano autónomo por ocultar la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuestos durante el gobierno de Vicente Fox y de mantener en secreto el expediente Odebrecht.
Sin embargo, la negativa a entregar la información en ambos casos provino de dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República.
“Entonces, ahora son muy exigentes con nosotros, pero no tenemos nada que ocultar, es transparencia completa, plena, porque una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada”, mencionó Obrador.
INAI prepara controversia
El martes, el INAI determinó ejercer el control constitucional e interponer una controversia constitucional para evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
De acuerdo con un comunicado oficial del instituto, se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un supuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El órgano advirtió que con el acuerdo se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información, según el INAI.
A partir del día de ayer, el instituto cuenta con un periodo de 30 días hábiles para presentar ante la SCJN la controversia constitucional, mientras que en los próximos días, el Pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
CCE manifiesta su rechazo
El martes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a las voces en desacuerdo con el acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno.
El máximo órgano de representación del sector privado indicó que el acuerdo abarca proyectos indeterminados asociados a diversos sectores, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, por lo que lo publicado en el DOF pone al Ejecutivo por encima de la ley.
La Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, puntualizó.
Además, al instruir al otorgamiento de autorizaciones provisionales en un máximo de cinco días hábiles, y de asumir la afirmativa si se cumple el plazo sin una respuesta, se pone a los proyectos públicos prácticamente por encima de la ley, afirmó.
Esto produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos, “lo cual sería irreversible y dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensas”, añadió el CCE.
