La crisis económica que ya empieza a mermar la activada económica a causa de la pandemia del COVID-19 ha dejado claro el poco margen de acción fiscal de México para combatirla con una fuerte política contracíclica; en este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado, entre otras medidas, por la reorganización del gasto público.
Recortes al gasto en operación y probables ajustes a sueldos de altos funcionarios y eliminar los aguinaldos desde subdirectores de la Administración Pública Federal hasta el del presidente son algunas de las medidas anunciadas, que de alguna manera buscan ampliar el espacio fiscal, es decir, el margen de maniobra del presupuesto público para disponer de recursos sin comprometer la sostenibilidad financiera y económica.
Lo anterior busca liberar recursos para atender la emergencia por la pandemia del COVID-19 sin desviarse de la llamada austeridad republicana. Por el momento, el sueldo y aguinaldos de funcionarios no pueden tocarse por ley, por lo que tendrá que esperar a la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021
(El artículo 127 de la Constitución) dice que deben recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión y que debe ser proporcional a sus responsabilidades
comentó Óscar de la Vega, socio fundador del despacho De la Vega & Martínez Rojas.
Indicó que el punto clave será ver si la reducción que se podría proponer es proporcional a las responsabilidades que tienen estos funcionarios públicos, ya que estas no disminuyen, se mantienen o se incrementan.
Por lo que este año no pueden afectarse los sueldos y prestaciones, ya que es un derecho consagrado constitucionalmente.
A inicios de abril, la Secretaría de la Función Pública (SFP) llamó a los titulares del gabinete a reducir por lo menos 50% el gasto asignado a servicios generales y de operación, a excepción de las áreas de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que atienden la emergencia sanitaria y las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del gobierno.
Este tipo de gasto comprende los contratos de consultoría externa, así como los insumos que sirven para la operación diaria de las entidades del gobierno.
Cuando hay un recorte del gasto alguien va a salir afectado, obviamente la invitación es a que se reduzcan los servicios que no sean esenciales para el funcionamiento, no que no sean importantes, pero servicios que no terminan de ser básicos para la operación
comentó Sunny Villa, directora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Por ejemplo, la Oficina de la Presidencia, contempla un gasto en materiales y suministros de 55 millones de pesos y 428.78 millones de pesos para servicios generales, que contempla desde viáticos a servicios profesionales, científicos, técnicos (consultorías), de acuerdo con cifras de Hacienda.
“Estamos en un momento realmente de priorizar y de encontrar espacio fiscal de donde se pueda, creo que es la lógica del presidente y una de las vías es volver más eficiente el gasto, no recortarlo en sí, sino hacer una reorientación de los gastos realmente importantes, definitivamente todos estos gastos de operación y sobre todo en un momento de crisis sanitaria, deberían dirigirse a subsanar o a reforzarlas medidas que se tienen que implementar en el sector salud”, dijo Sunny Villa.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha indicado que la política fiscal es clave para salvar vidas y proteger a las personas, por lo que los gobiernos deben hacer todo lo que sea necesario. Pero deben asegurarse de guardar los recibos.
En vista de que la pandemia, la recesión y las respuestas de política necesarias provocarán considerables aumentos del déficit público y la deuda, los países tendrán que crear espacio fiscal reduciendo el gasto no prioritario y mejorando la eficiencia del gasto
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Mientras tanto, las medidas emergentes del gobierno de López Obrador han sido consideradas insuficientes por el consenso de los economistas.
El subgobernador de Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, otrora parte del equipo económico del presidente, publicó en días pasados en Twitter que, las medidas fiscales, monetarias y financieras que ya se han anunciado van en la dirección correcta, pero consideró que serán insuficientes por la magnitud del problema.
Por lo que recomendó una serie de medidas fiscales que van desde un seguro de desempleo hasta el diferimiento del pago de contribuciones a la seguridad social para las mipymes, por mencionar algunas medidas que costarían entre 0.8 y 1.2% del PIB.
Aquí pueden ver el texto completo:
“Pandemia, confinamiento y crisis: ¿Qué hacer para reducir los costos económicos y sociales?”https://t.co/0YisAXx50I— Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) April 17, 2020
Óscar de la Vega consideró que, dado que el confinamiento de la población es necesario para reducir el ritmo de contagios, se requiere de un pacto social, en el que participen, empleadores, sindicatos, trabajadores y el gobierno para enfrentar tanto la crisis de salud, como la económica, y garantizar las fuentes de empleo.
