El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador envió un comunicado para tratar de calmar a los inversionistas, luego del anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
En el escrito se menciona que el Paquete Económico 2019 que el gobierno enviará al Congreso de la Unión, a más tardar el 15 de diciembre de 2018, incorporará los recursos necesarios para iniciar la modernización de los actuales aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, así como para expandir la capacidad de la base de Santa Lucía.
“Con el propósito de garantizar la aplicación de todas las previsiones contenidas en los contratos relacionados con el proyecto del aeropuerto en Texcoco, el Paquete Económico 2019 establecerá recursos para atender los compromisos y obligaciones relacionados con la cancelación de dicho proyecto. En este sentido, los derechos de contratistas e inversionistas serán respetados y atendidos”, expone.
Agrega que el gobierno federal electo se encuentra consciente de las inquietudes que pesan sobre los inversionistas y agencias calificadoras tiene la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
El lunes, la calificadora Moody’s puso en perspectiva negativa los bonos emitidos el año pasado para financiar el NAIM, de Baa1 a Baa3.
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que de mantenerse la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco es probable que se requieran recursos fiscales adicionales para cubrir el pago de la deuda emitida en los mercados.
El mensaje del equipo de transición indica que en los próximos días se establecerá “un canal estrecho de comunicación con inversionistas y agencias calificadoras” para detallar los elementos para cubrir el efecto fiscal de la cancelación de dicho aeropuerto.
“En concordancia con lo anterior, el Paquete Económico 2019 contendrá objetivos fiscales que fortalecerán la posición financiera del gobierno federal. En concreto, el paquete considerará medidas de disciplina presupuestaria que se reflejarán en una meta de superávit primario de 0.8% del PIB”.
El mensaje concluye diciendo que el gobierno federal electo está comprometido con el estado de derecho y el respecto de los derechos de propiedad.
“La futura administración reconoce la importancia de los proyectos de infraestructura para estimular la inversión privada y de esa manera ayudar a combatir, en última instancia, la pobreza, la desigualdad y un débil crecimiento económico”.
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