La clausura y suspensión de proyectos en la Ciudad de México tienen a la industria inmobiliaria en pausa. En lo que va el año, se han clausurado 138 desarrollos y 348 esperan resolución.

La cifra es una estimación elaborada por la plataforma Desarrollador Confiable, realizada a partir de información del Instituto de Verificación Administrativa y de las alcaldías con mayor actividad inmobiliaria.

Sin embargo, el número, que corresponde al 42% de los proyectos en activo, puede ser mayor si se incluyen aquellos con incumplimientos denunciados ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), comentó Gabriela Alarcón, directora general de Desarrollador Confiable. 

En los primeros siete meses del año la dependencia recibió  2,727 denuncias por incumplimiento en el uso de suelo, por ejemplo por excedentes en el número de pisos construidos, inicio de obras sin contar con los permisos necesarios o modificaciones no autorizadas a los proyectos ejecutivos. 

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda tiene en revisión 200 proyectos arquitectónicos “en cuyo proceso de verificación  colaboran también la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras y Servicios, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Secretaría de Medio Ambiente”, indica información oficial. 

Las revisiones a los proyectos arquitectónicos son exhaustivas, pues encontraron múltiples irregularidades en el otorgamiento manifestaciones de impacto (documento necesario para el inicio de una obra) y en el uso de mecanismos como los polígonos de actuación. 

Cifras de la dependencia indican que de 125 polígonos revisados, hallaron irregularidades en 48.  Y aunque hay avances en las resoluciones, los desarrolladores opinan que no están marchando al ritmo necesario. 

Retraso de un año

El freno en el sector es de casi un año, estima Maria José Fernández Ros, directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, pues se remonta a julio pasado, cuando por la coyuntura electoral se detuvieron las nuevas inversiones, a lo que se le sumó la llegada de los nuevos alcaldes y la eventual decisión de cerrar las ventanillas únicas.

“Se ha venido trabajando aunque he de confesar que el avance ha sido lento. Entendemos que se debe hacer una revisión muy cuidadosa, pero hay mucha inquietud entre los desarrolladores, hay muchos empleos que no se están generando y muchos proyectos pausados”, dijo María José Fernández.

De los inmuebles que se encuentran en revisión 88 corresponden a socios de la ADI, entre los que se encuentran desarrollos de vivienda, oficinas, centros comerciales, hoteles y usos mixtos, “son proyectos de muy alto impacto. Estamos hablando de más de 30,000 empleos detenidos” .

Así, mientras las autoridades locales buscan limitar el crecimiento desordenado, la incertidumbre genera pérdidas millonarias en inversión y en generación de empleos.

De marzo a marzo se registró una caída de 2.8% en el personal ocupado del sector, sin embargo, en abril la cifra se recuperó 10%.

Al disminuir el número de obras en marcha se ve impactado el desempeño de las empresas que presentaron un disminución de 3.5% en el valor de su producción durante el mes de abril.

Otro de los impactos es la pérdida de inversión que ahora se está enfocando en otros destinos “hemos hablado con fondos de inversión que participan en empresas del sector inmobiliario y lo que han señalado es que la inversión se está trasladando a ciudades en las que observa mayor dinamismo, por ejemplo La Zona Metropolitana de Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Mérida, Tijuana y Mexicali” dijo Gabriela Alarcón durante la entrevista. 

La inversión que tienen socios de la ADI en la CDMX en las alcaldías de mayor interés (Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Cuajimalpa) es de 7,200 millones de dólares.

Sigue la incertidumbre

Derivado las entrevistas que han tenido con desarrolladores, Gabriela Alarcón extrae que las demandas más recurrente es la creación de ventanillas únicas digitales y mayor transparencia en el proceso.

Coinciden en que es necesario romper con este ecosistema de corrupción donde de algún manera incluso los que querían hacer bien las cosas se veían obligados a incurrir en pagos extras. Es un proceso muy complejo en el que intervienen muchas instancias por lo que se ha dificultado la vigilancia de la legalidad. Y se ha incurrido en abusos de ambos lados, pues también vemos que hay desarrollos en regla en donde no es claro el motivo de la clausura Gabriela Alarcón.

También existe incertidumbre con respecto a futuras condiciones para la obtención de los permisos para la construcción de proyectos y modificaciones a las normativas aplicables.

A nosotros nos parece excelente que si hay proyectos que no están respetado la ley se detengan y se revisen; pedimos que aquellos que ya se revisó que cuentan con los requisitos se les dé celeridad para que continúen las inversiones. También queremos que haya más diálogo con las autoridades para saber sus prioridades, sus planes de ciudad y de qué manera podemos aportar destacó la directiva de la ADI.

Falta atención en la gestión

Si bien existe un consenso en que era necesario combatir el desorden urbano y la corrupción en el sector, Alarcón considera que los efectos secundarios han sido más de los recomendados

“Me parece positivo que haya un compromiso de combatir la corrupción tanto a nivel institucional como en el marco legal, sin embargo los efectos secundarios no son tan positivos, pues no hay una alternativa para que se mitigue la corrupción sin frenar la actividad. El mejor indicador será que al cierre del año logremos ver que se otorguen los permisos sin hacer concesiones a la vigilancia de los requisitos”.