El Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador, registró irregularidades, aumentos de costo e inconsistencias en la mitigación de impacto ambiental, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la tercera revisión a la Cuenta Pública 2020, el órgano auditor mostró que en 2021, el monto de inversión llegó a 178,984.4 millones de pesos, un incremento de 16.1%, en términos reales, respecto a la proyección inicial de 141,020.7 millones en 2019.
Parte del aumento se debió a la actualización del análisis costo beneficio (ACB) por la modificación del Tramo 4 (Izamal-Cancún), adjudicado a ICA, en junio de 2020, ya que involucraba riesgos por las características geológicas de la zona, además de implicaciones sociales de la adquisición del derecho de vía.
Con la modificación del ACB, el valor presente del proyecto disminuyó en 8%, a 189 millones 956,473 pesos por cambios en las estimaciones de la inversión, los costos de operación y mantenimiento, así como los beneficios, según el reporte.
El pasado octubre, al comparecer ante el Senado de la República, el entonces titular de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez, dijo que el costo del Tren Maya ya se había elevado a casi 200,000 millones.
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La obra es parte de la apuesta del actual gobierno por promover el desarrollo económico del sureste del país, aunque desde el inicio de su construcción en 2020 ha enfrentado demoras y cambios de ruta, la última de ellas a un tramo que ya estaba en construcción.
La ASF también dictaminó irregularidades en la construcción de la obra ferroviaria por 267 millones 882,295 pesos.
Entre ellos, figuran más de 100 millones 458,000 de pesos por intereses financieros ligados al pago anticipado de trabajos en el proyecto construcción de plataforma y vía en el Tramo 4.
También aparecen pagos indebidos por 38 millones 792,000 pesos por “la incorrecta integración de los precios unitarios” del contrato C-TM-008/2019 de “Ingeniería Básica para el Tren Maya” por contemplar tiempos superiores del personal considerado en la mano de obra.
Esto pudo representar un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por el monto mencionado más intereses, indicó la ASF.
Por tramo
En las auditorías de cumplimiento a inversiones físicas, la ASF detectó que en el Tramo 1 (Palenque-Escarcega) se determinaron intereses financieros por 39.6 millones de pesos debido a pagos anticipados, de los cuales 19.8 correspondieron a un contrato plurianual en el “Proyecto Ejecutivo” y otros 19.8 a tres conceptos relacionados con durmientes.
También se identificó el pago de 10.7 millones de pesos por seis conceptos relacionados con trabajos preliminares en terracerías y sistemas de vía cuya ejecución no se comprobó.
En el Tramo 2 (Escárcega-Calkiní) se realizó un pago por 15.4 millones de pesos derivados del pago anticipado a una contratista sin que se presentara documentación que avalara el avance. Tampoco se tramitó ni obtuvo la liberación total de los derechos de vía o la MIA antes de iniciar los trabajos.
Dentro del Tramo 3 (Calkiní-Izamal) se repitió el inicio de trabajos sin acreditar el trámite de derechos de vía, “incluidas las afectaciones a los sitios arqueológicos en las fechas establecidas en las bases de licitación”.
Para el Tramo 4 (Izamal-Cancún) se determinaron intereses financieros por 92.5 millones de pesos por pagos anticipados, 25.1 por actividades a precio alzado que debieron pagarse hasta contar con la totalidad del proyecto concluido; y 67.4 millones por la implementación de una planta para fabricar durmientes sin que se acreditara alguno.
Inconsistencias en impacto ambiental
De acuerdo con la ASF, Fonatur realizó la Manifestación de Impacto Ambiental regional (MIA-R) fase 1 mediante la contratación de una empresa, pero el documento presentó inconsistencias que se han detectado previamente en otros megaproyectos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Aun cuando se señalaron los costos aproximados de inversión en cada uno de los tramos de construcción, persiste la indefinición de fuentes de financiamiento, así como la indeterminación de los costos de inversión aproximados destinados a medidas de prevención mitigación y recuperación ambiental
detalló el órgano.
En cuanto al análisis costo beneficio, indicó que aunque Fonatur determinó que era un proyecto viable en 2020 que generará beneficios netos positivos de 189,900 millones de pesos, no dispuso de “una valoración económica, social y ambiental del proyecto de manera conjunta que permitiera la disposición de recursos para alcanzar la sustentabilidad de éste.
Respecto a las actividades de inspección, se identificó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no diseñó ni implementó una estrategia para realizar sus labores de inspección, por lo que omitió verificar que las acciones de mitigación se llevaran a cabo conforme a la normativa.
