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28 de enero 2019 | 5:00 am

“Fue una vecina la que avisó. Nos llamó por teléfono y dijo que había gente viviendo en nuestro departamento”. Así fue como Armando López Luna y su familia se enteraron de que un grupo de desconocidos se encontraba ocupando la vivienda que compraron años atrás en Tláhuac, en la colonia Villa Centroamericana.

No se trataba de su residencia actual, sino de una propiedad adquirida en el pasado, que por razones familiares no era utilizada. Sin embargo la visitaban de manera regular para darle mantenimiento, hasta que fue invadida por extraños que hasta ahora no han podido sacar.

En el proceso de recuperación del inmueble, que se alargó por más de un año, invirtieron el equivalente al 10% del valor de la propiedad, sin embargo decidieron dar el departamento por perdido.

Durante 2018 fueron abiertas en la CDMX 285 carpetas de investigación por invasión de inmuebles, o bien, despojo, considera un delito en el artículo 395 del Código Penal Federal y para el cual las sanciones pueden ir de tres meses hasta cinco años de prisión.

“Es un tema de estado de derecho” opina Gerardo Escamilla, notario 243 de la Ciudad de México.

Se relaciona de manera parcial con la falta de certeza de las propiedades, aunque también interviene el crimen organizado. Estima que alrededor del 33% de los bienes inmuebles a nivel nacional presentan alguna irregularidad, como la falta de escrituras o que están atravesando algún proceso legal.

Según Escamilla, en la Ciudad de México los documentos avalados por notarios cuentan con marcas de seguridad, sin embargo en otros estados de la República no lo han puesto en práctica, por lo que es frecuente que quien busca adueñarse de la propiedad emita los documentos apócrifos en otras demarcaciones.

“Ya nos había pasado antes. La primera vez mi mamá se movió muy rápido y al día siguiente ya estaba la policía desalojando a las personas. Pero la segunda vez nos pidieron 20,000 pesos para el desalojo. En el momento no teníamos ese dinero, así que tuvimos que esperar a que avanzara el proceso”.

Decidieron dejar perder el departamento por el gasto que implicaba el regularizar los documentos de la propiedad y el costo de continuar con el proceso penal, ya no veían funcional mantenerlo.

“Si lo recuperas y te metes a vivir ahí, pues te puede ir mal y si lo quieres vender es muy difícil”, comenta López Luna.

El predio le fue arrebatado por la Organización Frente Popular Francisco Villa, que se originó en Iztapalapa pero tiene representaciones en otras alcaldías. De acuerdo con el sitio web surgieron en 1988 “durante el auge del Movimiento Urbano Popular, que demandaba vivienda digna para miles de familias que se asentaban en terrenos irregulares”.

En 2018, la legisladora María del Carmen Ojesto destacó en un punto de acuerdo presentado en el Congreso de la Ciudad que, “según un estudio interno del Instituto de Vivienda (INVI) del gobierno capitalino son 23 organizaciones perfectamente identificadas al amparo de organizaciones civiles bien constituidas, las que con mayor frecuencia invaden inmuebles en las 16 delegaciones”.

La alcaldías más afectadas en 2017 fueron Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Coyoacán.

“La falta de certeza de la propiedad es un factor parcial, porque incluso las invasiones se dan en inmuebles en los cuales hay un titular reconocido y hay una escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad”, destacó el notario Escamilla Navaez.

Sin embargo, recomienda regularizar las propiedades y de ser posible mantener vinculación con los vecinos y la comunidad, de manera que les permita estar al tanto del predio.

Además considera necesario plantear programas de regularización de propiedad a nivel federal.