fbpx

12 de septiembre 2019 | 5:00 am

La Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano es otra de las dependencias que de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) experimentará una fuerte reducción a su presupuesto.

Para 2020, la dependencia podría recibir 10,939.2 millones de pesos, 43.7% menos en términos reales, en comparación con los 18,754.9 millones de pesos propuestos para el 2019.

La mayor parte de esos recursos serán destinados para tres programas: el de Vivienda Social que dispersa subsidio para adquisición de vivienda de bajo costo, el de Mejoramiento Urbano (PMU), uno de los principales de la dependencia, con el que buscan dotar de servicios básicos colonias de alta marginalidad y el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH).

El PRAH es el que presentó la menor reducción de recursos en comparación con el PPEF del 2019, que fue de 2.4% en términos nominales, mientras que el de vivienda fue de 14% y el de mejoramiento Urbano fue reducido en 49.2%.

Este programa tiene por objetivo “garantizar que las personas que tienen posesión, pero no certeza jurídica sobre el suelo que ocupan, que habitan en localidades urbanas con grado de marginación medio, alto y muy alto, estén en condiciones de acceder al Derecho a la Ciudad a través de la regularización de la tenencia del suelo que ocupan”, indica la estrategia programática de la dependencia.

Esta regularización se relaciona con el desarrollo de los proyectos de gran escala a nivel federal como el Tren Maya, en donde ya se ha identificado la existencia de asentamientos irregulares a lo largo del trazo del proyecto, así como en colonias de escasos recursos en los municipios aledaños.

En agosto, Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur comentó que en Campeche, por ejemplo, se han contabilizado 300 familias en situación de irregularidad.

Además, el Instituto de Geografía de la UNAM se encuentra colaborando en diagnósticos urbanos en esas zonas, “aunque también en otras regiones del país como Chiapas, las ciudades fronterizas y las grandes zonas metropolitanas”, dijo Adrián Guillermo Aguilar Martínez, investigador titular del departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM.

Aunque el problema de los asentamientos humanos irregulares es un fenómeno que se da de manera general en el país “entre la población de menores ingresos, que regularmente no tienen trabajos estables ni la capacidad económica suficiente para comprar una propiedad en el mercado formal y acuden al informal dónde es más barato” dijo a EL CEO.

Además explicó que esos terrenos suelen encontrarse en zonas de riesgo de inundación o de derrumbes y que la falta de servicios urbanos como de oportunidades de movilidad social son proclives a enfrentar situaciones de inseguridad o violencia.

Las razones de este fenómeno incluyen falta de oferta de suelo por parte de los mercados formales, además de inexistencia de mecanismos financieros y/o crediticios para las familias que se ubican en los deciles de ingresos más bajos, de acuerdo con el análisis elaborado para las reglas de operación del PRAH, publicadas en febrero de este año.

Es por eso que, según sus estimaciones, una de cada cuatro viviendas en el país no cuenta con escrituras o títulos de propiedad.

También tiene que ver con el costo, a fin de cuentas representa el 5% del valor de la operación, también pasa que mucha gente adquiere de manos de gente de confianza y como nadie te lo exige, pues no se tramita. El problema es que tenemos más de 12 millones de propiedades irregulares que llevan un menoscabo de 1.08 billones de pesos ,

Armando Javier Prado, presidente de Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

El objetivo del PRAH es lograr 7,500 acciones durante 2019, sin embargo la meta está lejana de la necesidad total de regularización en el país, pues se estima que en México hay entre 7 y 7.5 millones de predios irregulares y se incrementan 90,000 casos cada año, lo que involucra a más de 360,000 habitantes, de acuerdo con datos el Instituto Nacional de Suelo Sustentable.

El especialista de la UNAM considera que aunque es un buen comienzo la iniciativa se queda corta pues el fenómeno se observa en todas las ciudades y la estrategia debe ir acompañada de voluntad política.

Opina que esa falta de voluntad es lo que ha permitido que ese rezago continúe “porque políticamente no es conveniente decir que tenemos una ciudad informal, con una enorme carencia de servicios , y admitir eso no es conveniente porque habla de la poca eficacia de las políticas urbanas”.