El Acuerdo Nacional de Infraestructura, firmado por la iniciativa privada y el gobierno federal, incluye entre los 147 proyectos el desarrollo de ocho ferrocarriles y trenes suburbanos a lo largo de la República Mexicana, para los cuales se invertirán 67,544 millones de pesos entre el 2020 y el 2024.
Sin embargo, algunos de estos ya estaban en marcha o fueron anunciados tiempo atrás, como el ‘Corredor Ferroviario García Aeropuerto de Monterrey’.
En mayo del 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno de Nuevo León firmaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo del Sistema Integral de Movilidad.
El sistema conectará los municipios de Apodaca, San Nicolás de los Garza, Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina y García y se estima de servicio a 850,000 pasajeros. Las empresas involucradas son Ferromex y Kansas City Southern que se comprometieron desde esa fecha a concluir la construcción de un libramiento ferroviario de 21 kilómetros de longitud.
Otro de los proyectos es la construcción del libramiento de Celaya, previsto para comenzar durante el 2020 con 2,500 millones de pesos de inversión. En este proyecto también está involucrada Kansas City Southern, encargada de operar uno de los tramos ya existentes.
Por otro lado, Ferrocarriles Suburbanos está interesado en una ampliación de Cuautitlán a Huehuetoca, la cual está proyectada para iniciar en el 202 y concluir en 2022 con 5,840 millones de pesos; además la línea Lechería Jaltócan- Santa Lucía, con 10,000 millones de pesos de inversión.
En febrero del 2019, la empresa comentó que ya posee un título de concesión de dos vías ramales hacia Huehuetoca y Xaltocan, municipios cercanos al aeropuerto de Santa Lucía. Esta expansión añadirá entre 18 y 20 kilómetros de vías a su actual red de 27 kilómetros de longitud.
Destaca también la ampliación de la línea A del metro del tramo Chalco a la Paz, que colinda al Estado de México con la Ciudad de México.
Este proyecto ha estado en el tintero desde hace al menos tres años, ya que apareció en el Presupuesto de Egresos de 2017, en el de 2018 y 2019, con una inversión estimada de 13,907 millones de pesos. En el de 2020 ya no fue considerado.
Esos documentos especifican que consiste de una ampliación de 12,985 kilómetros, además del desarrollo de una terminal con patio y taller, seis estaciones intermedias y una flota de siete trenes adicionales a los existentes en la línea A.
En el proyecto presentado en la conferencia matutina del presidente López Obrador no se especifican los detalles del proyecto, aunque considera una inversión menor, de 5,854 millones de pesos.
También está el caso del Tren Interurbano México-Toluca, en desarrollo desde 2014 y al cual se le han encontrado múltiples irregularidades. Para el 2020, el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene etiquetados 6,507 millones de pesos, aunque en el documento del acuerdo se indica que serán necesarios 20,000 millones de pesos.
“Se trata de un parteaguas. El evento cristalizó un nuevo contrato social entre el sector público y el privado. Es positivo porque no hay dinero público que alcance para cubrir las necesidades de infraestructura del país”, comentó en entrevista Yahir Acosta, director Jurídico de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Sin embargo dijo que existen algunos riesgos. El primero es que no se han especificado los rendimientos y beneficios que las empresas van a obtener por desarrollar los proyectos.
Añadió que al ser inversión privada, se añade la complicación de la transparencia, pues no hay muchos organismos que tengan facultades para fiscalizar la correcta ejecución de los proyectos.
“Hay que ver al financiamiento privado (en sus diferentes esquemas) como una herramienta. Y como toda herramienta se pueden usar bien o se puede usar mal”, comentó Acosta.
