Proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México

2 de julio 2020 | 5:00 am

La Auditoría Superior de la Federación publicó el tercer y último informe de la cuenta Pública 2018, en el que encontró anomalías por más de 1,596 millones de pesos en los pagos hechos a empresas involucradas en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional que se desarrollaba en Texcoco hasta finales de ese año.

El organismo realizó tres auditorías. La primera fue a los proyectos ejecutivos del Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso, Estacionamientos, Torre de Control, Centros de Control de Operaciones, Pistas, Rodajes, Plataformas, Ayudas a la Navegación y otras Instalaciones.

De esa revisión se desprenden una serie de irregularidades, por ejemplo, el pago injustificado de 886 millones de pesos para acompañamiento arquitectónico, cuyos trabajos no fueron acreditados.

Esa actividad estaba incluida en el contrato de servicios y diseño del edificio terminal, a cargo del despacho de arquitectura FP-FREE, S. de R.L. de C.V, que encabeza Fernando Romero, antiguo yerno de Carlos Slim.

Por otro lado identificaron el pago indebido de 128.6 millones por el incorrecto cálculo y ajuste en los costos de materiales y el pago de 42.4 millones de pesos para la entrega de los conceptos de proyectos ejecutivos del centro de operaciones, estacionamientos, verificación LEED y medio ambiente, sin embargo no se entregó constancia de la entrega de dichos conceptos.

En el segundo de los informes realizados se enfocó en los pagos hechos por concepto de la construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal, trabajos asignados al consorcio conformado por ICA (que recientemente se hizo de contratos con el Tren Maya y la recuperación del Lago Nabor Carrillo) además de Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V, Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V, Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V. y Constructora El Cajón, S.A. de C.V.

Lo que la Auditoría Superior encontró fue que los trabajos solicitados se ampliaron sin licitación, lo cual incrementó el costo del contrato en 7.2% y el tiempo de entrega en 50.6%.

También se realizaron pagos indebidos, el primero por 119.1 millones de pesos a causa de que el material de construcción fue colocado al interior del polígono del aeropuerto y se había considerado un tramo de acarreo distinto en el contrato, la diferencia en la distancia generó el sobrecosto.

Así como el pago de 59.9 millones de pesos, por diferencias en el costo de mayores volúmenes de material entregado el cual no se consideró dentro del contrato, ni se dejó constancia de su existencia.

Cancelación tardía

El tercero de los informes realizados sobre la construcción del aeropuerto se enfocó en el Fideicomiso para el Desarrollo del NAIM formalizado con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y administrado por Nacional Financiera.

El objetivo del fideicomiso era incorporar las aportaciones hechas por GACM quien haría los procedimientos de contratación. Entre los hallazgos de la ASF sobre el desempeño del fideicomiso encontraron que hubo falta de seguimiento sobre la entrega de fianzas de cumplimiento de los contratos que presentaron desfases.

No documentaron los procesos de adjudicación, mientras que la formalización de los contratos se realizó fuera de los plazos establecidos, así como la carencia de pólizas de cobertura de seguros por daños, responsabilidad civil o daños a terceros que garantizaran el cumplimiento del contrato.

Además no inició de inmediato el procedimiento de terminación anticipada de los contratos que debía iniciar tras la publicación del decreto presidencial por el cual se cancelaba la construcción del proyecto.

De acuerdo con la ASF “al 31 de diciembre de 2018, no se iniciaron gestiones adicionales para suspender o cancelar anticipadamente contratos”, pese a ello registró la pérdida de 58.4 millones de pesos argumentando “Deterioro de Valor de los Activos de Larga Duración”.

También a diciembre registró movimientos de ingresos por 230 millones de pesos y egresos de 19,1 millones movimientos realizados sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual incumple el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.