En México existen 21.6 millones de viviendas ocupadas por sus propietarios, que en menor número son mujeres, por culpa de una serie de brechas económicas y laborales que enfrentan.
De acuerdo con cifras del INEGI, sólo 35% de las casas escrituradas en el país se encuentran a nombre de mujeres, mientras que los propietarios varones representan el 56%.
“Se trata de un problema estructural que parte en un principio de la capacidad que tienen o no las mujeres de obtener un trabajo remunerado. Es menor la proporción, porque las mujeres no tienen independencia económica”, explica Jeli Camacho, economista especialista en estadísticas de género.
El primer punto a observar, destaca, es la participación económica femenina que asciende al 42.62% a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Atlas de género del INEGI.
A ese factor se le suma que 57.05% de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad, con una diferencia de 0.50 en relación con el empleo de los hombres.
Explica que “históricamente hay una precarización laboral; por ello se corre el riesgo de que no sean sujetos a crédito y que no entren dentro de la muestra de personas que bajo las condiciones de un empleo formal pueden generar un mecanismo para la adquisición de una vivienda”; esquema que representa el 20% de la adquisición según datos de la Encuesta Intercensal de 2015.
En el Infonavit, el porcentaje de distribución de crédito a mujeres es de 37% mientras que en el Fovissste es de 56%, según información de las dependencias.
Jeli Camacho señaló que el siguiente factor a considerar, además del tipo de empleo, son los ingresos. A nivel nacional, en promedio, un hombre gana 36.79 pesos mexicanos por hora trabajada, en el caso de las mujeres el ingreso es de 35.86, una diferencia de.93 centavos de peso.
Aunque hay estados de la República en los que la brecha es mayor, como Colima, Chiapas y Baja California.
“Esas son barreras que de inicio dificultan que las mujeres tengan viviendas dignas. Mientras que una mujer no tenga un trabajo que le garantice todos los derechos va ser mucho más difícil que acceda a la vivienda” detalló.
El siguiente factor es el uso del tiempo. Camacho destaca que este se relaciona con los ingresos, así como con el tiempo disponible para realizar trámites burocráticos bancarios, o cumplir con los requisitos para ser beneficiario de algún programa social.
Otra de las aristas del problema es que la decisión de asumir un compromiso de inversión se ve acotada por temas como la movilidad urbana, es decir si la vivienda está cercana al lugar de trabajo, pues de lo contrario los trayectos suponen un gasto monetario y de tiempo.
Mientras que para los hombres el promedio de tiempo máximo de viaje en transporte público es de dos horas con 30 minutos, el de las mujeres el tiempo máximo promedio supera las dos horas y media, según datos de la encuesta origen-destino 2018.
Otra variable que hay que considerar es la cantidad de hogares con jefatura femenina, que asciende al 83% de los uniparentales y el bono demográfico.
“En poco tiempo tendremos una mayor cantidad de población adulta mayor y no todas las mujeres van a contar con estas garantías laborales como jubilación o pensiones. Eso profundiza la brecha y si tampoco tienen propiedades, se convierte en una situación de pobreza”, destacó Jeli Camacho.
Añadió que para comenzar a contraer la brecha es necesario desarrollar sistemas de información que sean considerados en la toma de decisiones en materia de política pública, así como desarrollar estrategias focalizadas desde las municipalidades y no solo de manera general, pues los contextos particulares determinan las necesidades de cada caso.
Además de fortalecer las redes de infraestructura de apoyo como guarderías, centros de salud o de cuidado, de manera que se pueda destinar menos tiempo de trabajo no remunerado y al cuidado de terceros.
