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6 de agosto 2019 | 3:34 pm

Integrantes del comité técnico de ONU Hábitat se reunieron con el equipo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para desarrollar esquemas de inclusión y beneficios para las comunidades impactadas por el Tren Maya.

El organismo internacional hizo énfasis en que buscan asegurar que los beneficios y las ganancias por el proyecto se vean reflejadas en las comunidades.

Este proyecto a diferencia de muchos otros no va a beneficiar a los grandes capitales, no va beneficiar oligarquías locales. Beneficiará a los habitantes,

dijo Eduardo López Moreno, director interino de ONU Hábitat para México y Cuba.

Las formas en las que se puede asegurar el beneficio económico es a través de esquemas legales de captación de la plusvalía, declaró en conferencia de prensa Shipra Narang, coordinadora de la División de Planeación y Diseño Urbano.

“Cuando estos proyectos se construyen, el valor de la tierra y de las propiedades que rodean se incrementa. Si se cuenta con un sólido sistema de registro de propiedades puedes cobrar un mayor impuesto a esas zonas. Ese recurso debe capturarse en una cuenta especial que se dirige a mejorar el resto de la zona”, explicó.

La segunda alternativa considera que después de las mejoras en servicios a la zona, el precio de venta de la tierra o propiedades incrementa, por lo cual se podría cobrar un impuesto especial sobre la primera venta de la propiedad, recurso que también debe dirigirse al mejoramiento del resto de la localidad.

Sobre la estructuración de la Fibra por medio de la cual se planea financiar el desarrollo de las estaciones, Rogelio Jiménez-Pons director del Fonatur comentó que van con retrasos aunque esperan que el instrumento esté listo a más tardar en septiembre.

Los primeros metros

La participación de ONU Hábitat consiste en el desarrollo de estrategias para la planeación urbana de las estaciones y zonas aledañas, y es la primera vez que se tiene una colaboración de este tipo con México.

Las estrategias se basarán en cuatro pilares: reducción de la desigualdad en los asentamientos humanos, compartir responsabilidad y tareas entre regiones, fortalecimiento de acciones ambientales y trabajar en estrategias de recuperación tras desastres naturales.

Jiménez-Pons, afirmó que hay diversas consultas en marcha y que se cuenta con la anuencia del 98% de los ejidatarios que están en la ruta del tren; es decir, están de acuerdo con comenzar a medir y contabilizar las comunidades y los impactos.

Otra de las principales tareas de ONU Hábitat es la reubicación de los asentamientos humanos irregulares que se encuentran cercanos a las vías existentes.

Pons detalló que aún no se tiene contabilizado el total de las personas en esta situación, aunque agregó que sobre un libramiento en Campeche hay 300 casas.

Dijo que durante los recorridos en las vías se han encontrado invasiones de talleres mecánicos o bodegas agrícolas, así como asentamientos debajo de líneas de alta tensión.

No vamos a hacer ningún acto arbitrario y queremos que la gente gane. Lo que estamos buscando es reubicarlos para que tengan propiedad, un terreno escriturado. Ahí donde están no se puede porque es propiedad federal,

destacó Pons.

El equipo de expertos del organismo realizará recorridos y mediciones para desarrollar los lineamientos que ayudarán a realizar las reubicaciones de los asentamientos, pues su ubicaciones actuales están en contra de los derechos humanos, dijo Jesús Salcedo Villanueva, asociado experto de la subdirección de vivienda.

“El derecho humano a la vivienda indica que una vivienda adecuada debe contar con servicios básicos, suficiencia del espacio y seguridad en la tenencia”, argumentó.

Agregó que tampoco pueden estar en zonas que por sus características geográficas signifiquen un riesgo a la salud de los habitantes, por ejemplo zonas de desechos sólidos, laderas de ríos o vías de tren o líneas de alta tensión.