Desde que comenzó a expandirse en México el brote de COVID-19 originado por el virus empresas han recortado personal, la Secretaría del Trabajo contabiliza más de 300,000 empleos perdidos en el país.
Esto supone una afectación en el ingreso de las familias y una mayor dificultad para la cobertura del pago de compromisos como la renta de vivienda. A nivel nacional, 15.92% de las viviendas ocupadas se alquilan, mientras que en la Ciudad de México, la entidad más poblada del país, la proporción es de 24.37% de acuerdo con la encuesta Intercensal 2015.
Ante ello, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX, destacó en conferencia de prensa el 2 de abril que buscarían esquemas para apoyar a las familias que no son dueños de las viviendas que habitan, el apoyo, más allá de liquidez se consideraba desde el punto de vista de asegurar que no se realizaran desalojos forzosos durante el periodo de emergencia.
“Más que un apoyo económico a la renta porque no tenemos tantos recursos, serían mecanismos que permitan que no haya expulsión de las personas en las viviendas”, comentó Sheinbaum durante conferencia de prensa.
Además hizo un llamado a los propietarios a llegar a acuerdos. “Se pueden hacer acuerdos con los arrendadores, con las empresas que están rentando, para que se posponga un mes y se pueda hacer en otros meses (…) No se trata de afectar a nadie, al contrario, hago un llamado a que todos nos solidaricemos en estos momentos difíciles que está viviendo el planeta, nuestro país y la Ciudad de México”, dijo.
La actitud de la iniciativa privada ha ido en el el mismo sentido. La plataforma Lamudi, especializada en búsqueda de inmuebles para renta y venta, lanzó una iniciativa de nombre #NoTePreocupesPorLaRenta para que los propietarios establezcan comunicación directa con sus inquilinos a fin de aplazar el cobro o reducirlo de manera temporal. Los interesados pueden registrarse en https://www.lamudi.com.mx/quedate-en-casa/
“Es importante tener un canal de comunicación abierto entre propietarios e inquilinos independiente de las decisiones que tome el gobierno para atacar este tema. De repente se ha manejado creo mal en el sentido de que se debería hacer la omisión completa del pago, sin embargo hay que pensar también en la gente que renta departamentos que son de interés social que posiblemente de ahí genera gran parte de sus ingresos mensuales”, comentó a EL CEO Marco Torres, gerente de operaciones de Homie, plataforma especializada en renta de vivienda.
Agregó que entre las opciones disponibles para los propietarios se encuentran renegociar de manera temporal el monto de la renta, es decir ajustar con relación al ajuste salarial o de ingresos de los inquilinos, además adoptar tecnologías de pago para facilitarlo, por ejemplo el uso de tarjetas de crédito.
“Lo que nosotros recomendamos es que si se ve venir un tema de ingresos, ponerse de acuerdo sobre la capacidad de pago y sobre eso hacer la negociación, es recomendable diferir el pago durante los meses que dure el contrato. Así no le pegas a la economía familiar y no le pegas a la economía el propietario”, destacó el directivo de Homie.
Para los inquilinos recomendó tener mayor control sobre sus finanzas, ya que se estima que el 30% de las personas que rentan vivienda destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, por lo cual se puede comenzar por eliminar en la medida de lo posible los gastos hormiga o innecesarios.
A otro sector se le suma una complicación más: se estima que 41% de los hogares arrendados se alquilan desde la informalidad, de acuerdo con Lamudi, lo que implica que no tiene la certeza jurídica debida para demostrar sus derechos como personas inquilinas y se aumenta el riesgo de que sean desalojadas, por lo cual se recomienda además del diálogo con los propietarios acudir con especialistas para incrementar la certeza jurídica.
