La Secretaría de Economía y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria preparan una nueva norma de operación para la regulación de los servicios de tiempos compartidos que reemplazaría a la NOM 029, proceso que ya está en la recta final.

Desde junio de 2020 se lanzó la propuesta para regular el servicio de los tiempos compartidos, motivada por la cantidad de quejas recibidas por parte de los consumidores ante la Procuraduría Federal del Consumidor. De acuerdo con su información, de 2015 al 2020 la Profeco recibió más de 13,616 quejas de usuarios de estos servicios.

Así para avanzar con la nueva norma, la Comisión lanzó a inicios de febrero de 2021 una convocatoria de consulta pública sobre el primer documento publicado en el DOF.

Algunos de los cambios propuestos en la nueva NOM incluyen asegurar información clara, cancelación de contratos sin cobro extra a los usuarios, evitar las estrategias de captación de nuevos clientes que incluyan rifas, desayunos o que involucren consumo de bebidas alcohólicas durante la firma del contrato, entre otras.

Sin embargo, pese a las quejas de los usuarios, la nueva NOM no busca generar un marco regulatorio punitivo para la industria privada, dijo Alfonso Guati, Director General de Normas de la Secretaría de Economía.

No se busca establecer un esquema de sanciones distintas a las que existen en la ley de Protección al Consumidor. Lo que se busca es que si hay un inclumpliento haya posibilidad por parte del usuario de rescindir el contrato sin ningún tipo de obstáculo o consecuencia. No es un esquema punitivo o sancionatorio en contra de quienes prestan estos servicios , sino que está más enfocado a los derechos de los consumidores

dijo en entrevista con EL CEO, Alfonso Guati.

Dentro de un foro de discusión en la página de Conamer previo a la consulta, se incluían algunos comentarios de partes interesadas que mencionan que la regulación no considera a otros modelos de negocio emergentes que compiten de manera desleal con la industria.

Al respecto, Guati destacó que otros modelos de negocio quedan fuera del marco de esta norma, pero que comentarios como estos ayudan a definir otros puntos u otras normas a modificar

“Cada norma tiene su ámbito de aplicación, pero esos son los comentarios que nos pueden llevar a delinear hasta donde llega nuestro continente de regulación, o bien incluir otro tipo de inquietudes que la sociedad tenga para regular” comentó.

El proceso después de la consulta

El directivo señala como un valor agregado el que exista el diálogo que permite la consulta
“se da la oportunidad a los interesados, a la gente que tenga deseos de opinar, que lo hagan, se pueden generar comentarios que enriquezcan la regulación y nosotros estamos obligados a atenderlos todos”, explicó.

El proceso indica que una vez cerrado el plazo de participación, cuentan con 45 días para revisar y responder todos y cada uno de los comentarios recibidos. Se convoca a un consejo consultivo que los analiza y clasifica según se trate de comentarios técnicos o de carácter editorial y se deben responder.

En caso de que alguna observación lo amerite, se realizan cambios a la norma. Después de ello se publica  y entra en vigor. Todo el proceso podría demorar entre dos meses y dos meses y medio de acuerdo con el funcionario.

Una vez que el texto final entre en vigor, los operadores deberán hacer cambios para ajustarse a la nueva regulación. EL CEO cuestionó sobre el que costo implica para la iniciativa privada estas reformas.

“Sería prematuro decirlo, pero es una realidad que los costos serían bajos para la industria privada. Lo cierto es que los costos que se generen van a ser inmensamente inferiores a los beneficios que se generen con la norma. De hecho es una exigencia que toda norma o toda regulación debe pasar por un proceso de mejora en donde Conamer condiciona que para sacar una norma o regulación el beneficio debe ser siempre mayor que los costos. Y eso te lo puedo asegurar, cuales son y cuántos son los costos aún no lo sabemos porque no es el documento definitivo, pero no habrá norma que genere más costos que beneficios” dijo Alfonso Guati.

La convocatoria de consulta sigue vigente, estará disponible hasta el 3 de marzo del 2021.