Centros cambiarios, las ‘lavadoras’ del narco en la mira de EU
Durante al menos dos años, Euro Dólar Casa de Cambio —un pequeño local con un enorme billete de Benjamin Franklin en el letrero— ubicado en Zapopan, sirvió como un engranaje financiero para el lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a pesar de contar con una licencia para centros cambiarios y estar vigilado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En ese modesto negocio, se lavaron al menos seis millones de dólares entre 2020 y 2022. Las divisas de su operación diaria se mezclaron con el dinero generado por la venta de drogas por parte del CJNG, según reportes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Este caso no es aislado. Datos de la propia CNBV advierten que en el país han operado legalmente más de 2,000 centros cambiarios —sin contar los no regulados—, aunque no todos cumplen con los requisitos básicos de operación y se convierten en negocios extremadamente vulnerables para el blanqueo de fondos.
Algunos de estos intermediarios de divisas siguen sin registrar sus operaciones ni a sus clientes, no entregan reportes trimestrales, además realizan transacciones por montos superiores a los 10,000 dólares —el techo legal— y muchos ni siquiera cuentan con la tecnología necesaria para almacenar sus datos, a pesar de recibir sanciones por ello.

Centros cambiarios, bajo la lupa
Tan solo en el último año y medio —de enero de 2024 a julio de 2025—, la CNBV sancionó 259 veces a distintos centros cambiarios por violar las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en México.
José Díaz Cuadra, socio fundador de Legal & Compliance Advisors (LCA), dice en entrevista para EL CEO que los centros cambiarios enfrentan retos importantes en materia antilavado. El principal, explica, es que no cuentan con expedientes completos de quienes realizan operaciones, como ocurre en los bancos tradicionales, lo que dificulta rastrear el origen (lícito o no) del dinero.
Actualmente, estos establecimientos solo están obligados a registrar las identificaciones de los usuarios que realizan transacciones y, con base en ellos, limitar el volumen de operaciones a un máximo de 10,000 dólares diarios por persona. No obstante, factores como el acceso a tecnología, la ubicación e incluso el número de empleados influyen en la capacidad de cumplimiento de la normativa antilavado.
Hay límites operativos por día o mes para operaciones [cambiarias] de una misma persona. Pero no hay un perfil transaccional creado, entonces es muy fácil ‘volar’ los límites
lamenta Díaz Cuadra.
Centros cambiarios ‘discretos e incumplidos’
De enero de 2024 a julio de 2025, los centros cambiarios en México han acumulado 56.2 millones de pesos en multas, todas ellas ligadas a la prevención de lavado de dinero.

El caso más notorio es el de Centro Cambiario Divisas Múzquiz, ubicado en el municipio homónimo de Coahuila, con 20 sanciones que ascienden a 4.2 millones de pesos, principalmente por no presentar reportes periódicos de transacciones y usuarios.
Divisas Múzquiz destaca por su bajo perfil y discreta operación. Es un pequeño local de apenas dos metros de frente, desprovisto de anuncios, puertas de seguridad o incluso un letrero luminoso con los precios. En su lugar, un simple pizarrón en la banqueta informa a los transeúntes el tipo de cambio del día.
El acta constitutiva de la empresa, obtenida por EL CEO, revela que Divisas Múzquiz fue fundada en 2020 por Luis Alejandro Fávila Rodríguez —quien vendió sus acciones tras año y medio como socio— y Cruz Fernando Orozco García. Ninguno de los fundadores posee antecedentes empresariales en el Registro Público del Comercio (RPC).
La empresa ha acumulado incumplimientos desde su apertura, sin que las sanciones hayan sido liquidadas o impugnadas. Sorprendentemente, la CNBV no ha cancelado su registro, pese a tener la facultad para hacerlo.

Díaz Cuadra, quien es especialista en compliance, sugiere que estos centros cambiarios —caracterizados por grandes incumplimientos y locales modestos— podrían haber sido creados de manera “inocente”, buscando ofrecer un servicio en zonas de alta demanda sin pleno conocimiento de la vasta cantidad de reportes que deben presentar.
Hay personas a quienes se les hace fácil abrir un centro cambiario y cuando ven la carga regulatoria real, no les es negocio y lo cierran. Eso no quiere decir que no haya otras que lo hacen de manera dolosa: utilizan un tiempo la infraestructura para beneficiarse económicamente y luego se van
comenta el experto, quien además reconoce el uso de prestanombres para estos fines.
Pequeños locales, grandes multas
El esquema de centros cambiarios pequeños y discretos que incumplen la normativa es una constante en las sanciones impuestas por el regulador mexicano.
Un ejemplo claro es Centro Cambiario Ensenada, un modesto local en las afueras de Tijuana que ha sido multado con 2.29 millones de pesos a través de 10 emplazamientos, todos por no presentar informes trimestrales de sus operaciones.

Otro caso es el de Echegaray Centro Cambiario, ya clausurado. Este establecimiento, también de bajo perfil y ubicado entre la zona industrial de Naucalpan y la residencial Ciudad Satélite, acumuló 3.9 millones de pesos en sanciones por incumplimientos en la presentación de reportes operativos.
Díaz Cuadra explica que este tipo de establecimientos —pequeños, alejados y con poco personal— a menudo enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones regulatorias, como la presentación de informes. Esto podría explicar el elevado número de sanciones, ya que las regulaciones no suelen ser una prioridad cuando se cuenta con pocos empleados.
No obstante, esta situación también puede llevar a que estos establecimientos se arriesguen a facilitar operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, lo que podría ser un indicador de actividad sospechosa pero que no ha sido atendido de manera inmediata por las autoridades mexicanas.
Un pendiente entre México y Estados Unidos
Con el inicio del gobierno de Donald Trump, las regulaciones para las casas de cambio en Estados Unidos se endurecieron significativamente. Ahora deben reportar cada transacción superior a 200 dólares y registrar y entregar los datos de identificación del cliente. Esta medida busca frenar el flujo de efectivo que termina en las arcas de los cárteles.
En México persisten desafíos pendientes en el sector cambiario. Uno de ellos es la “renta” de licencias otorgadas por la CNBV, una práctica que facilita la apertura de establecimientos irregulares, duplicados o “fantasma” bajo autorizaciones ya existentes. Las autoridades han señalado esta actividad por más de cinco años y hasta establecieron mesas de trabajo conjuntas con Estados Unidos.
En reuniones bilaterales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se ha comprometido a impulsar una reforma legal que modifique el monto máximo que se puede cambiar en estos lugares, según minutas a las que EL CEO tuvo acceso. Públicamente, Santiago Nieto, extitular del organismo, enfatizó la necesidad de un “diagnóstico correcto” para lograr una “reforma real” en el ámbito de los centros cambiarios.
La propuesta de cambio regulatorio se retomó hace un año durante la convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCECTD), y se planteó crear mesas de trabajo para su implementación. Sin embargo, desde entonces, no ha habido mayores noticias sobre los avances.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses continúan presionando dichos cambios regulatorios.
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