El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, informó la situación que guarda el juicio que se sigue en Florida contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), Genaro García Luna, y sus socios.
Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se detalló que García Luna y sus colegas están acusados de peculado (sustracción de fondos del erario, cometido por la persona encargada de administrarlos), operaciones con recursos ilícitos y delincuencia organizada, que, se presume, habrían cometido al defraudar millones de pesos que se encontraban destinados a las prisiones federales.
Por todo ello, la Corte de Apelaciones de Miami falló a favor de México en la demanda civil contra la red de corrupción de Genaro García Luna.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que bajo el auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial consiguió ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México, extrayendo más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales.
Estos recursos fueron transferidos por medio de paraísos fiscales al estado de Florida, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos, por lo que ahora el gobierno federal busca recuperar ese monto.
Implicación de Grupo Weinberg en el caso de García Luna
Dentro de los pagos de 30 contratos al Grupo Weinberg, que operó junto con García Luna, se encuentran depósitos en dólares al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), al que le habrían pagado 253 millones de dólares, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que habría percibido 297.9 millones y la Policía Federal, a la que se le pagaron 83.6 millones.
En el Grupo Weinberg la mayoría de empresas que lo integran son relacionales, no generan nada, no son empresa especializada en seguridad, no producen ni hardware ni software, ni siquiera cámaras de videograbación. Todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero, en el mercado interno no hacía operaciones
indicó Pablo Gómez.
Agregó que en ese entonces, el grupo estaría operado por integrantes de la familia Weinberg: Mauricio Samuel Weinberg López (papá) y Jonathan Alexis Weinberg Pinto (hijo), con la participación de 19 y 30 empresas, respectivamente.
En total, el conglomerado estaría conformado por 80 empresas constituidas en diferentes naciones, de las cuales tres recibieron contratos con el gobierno mexicano.
No todos los crímenes serán juzgados en Florida
Pablo Gómez aclaró que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, ya que se trata de un tema exclusivo de México y se encuentra sometido a la jurisdicción de nuestro país.
Lo que está sometido a la jurisdicción de otra nación es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación, se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho o gestionado los contratos, porque tambièn hay contratos de cuando García Luna ya no era servidor público.
dijo Gómez
El dinero poseído por García Luna está y ha estado desde que salió del país en viajes a otros países, principalmente Barbados, y de ahí llegó a Miami, que es donde está el juicio, añadió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Pablo Gómez recordó que el 21 de septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil ante el tribunal undécimo circuito judicial del condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes detectados y añadió que se tienen aseguradas 19 propiedades de García Luna y sus socios.
Los denunciados intentaron desechar el juicio mediante diversas solicitudes de desechamiento (motions to dismiss) que fueron negadas por el juez de primera instancia. Dichas resoluciones fueron impugnadas mediante apelación, obteniendo la suspensión temporal del juicio. Sin embargo, ya se reanudó el juicio.
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