Desde este lunes, el sector energético del país se enfrenta a un nuevo punto de discusión, con la posibilidad de implementar cambios sustanciales en la operatividad y objetivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Especialistas explican sobre este proyecto y sus potenciales implicaciones, destacando la importancia de comprender los cambios propuestos y su impacto en el sector energético nacional.
Los cambios a CFE se enmarcan en el paquete de reformas presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (CFE), que busca redefinir su papel como una empresa pública sin fines de lucro.
¿Qué significa y qué representa?
De acuerdo con el Instituto Mexicano a la Competitividad (IMCO), la CFE actualmente opera con el fin de que sea rentable para el Estado mexicano como su propietario; al menos en el marco teórico, implica la creación de valor económico.
Con la nueva propuesta de AMLO, detalla el instituto, se busca transformarla en una empresa pública sin fines de lucro, pero esto abre la puerta a que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública.
De acuerdo con la institución, este movimiento busca cambiar el artículo 25 de la Constitución del país. En un segundo punto, propone la modificación del artículo 27 que cancela las posibilidades de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica.
Agrega que las empresas privadas en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Estos cambios representan un incentivo para que la empresa no busque obtener ganancias, lo cual plantea un problema no solo para la propia compañía, de acuerdo con el coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, Oscar Ocampo.
Además, pierde el propósito fundamental que una empresa estatal genere utilidades y, en cambio, se espera que continúe operando a pesar de registrar pérdidas.
“El primer problema es que al quitarle la naturaleza de empresa productiva del Estado (…) de eliminar la gobernanza corporativa, es decir, pareciera que le estamos dando permiso de operar con pérdidas”, explicó a El CEO.
Ocampo dijo que se crearía un mercado con nula competencia, ya que la CFE tendría un mayor peso y no se promovería la inversión privada.
El analista energético, Ramses Pech, coincidió y dijo que esto abre la puerta a la expropiación de cualquier inversión privada que la CFE considere necesaria.
El problema subyace en que la electricidad se convierte en un interés público constante, siendo la CFE el garante, lo que generaría una gran incertidumbre y, sobre todo, la falta de claridad en las reglas del juego.
“Esto ocurrió con la planta de nitrógeno. Habría una gran incertidumbre y sobre todo no habría reglas claras”, dijo.
Sobre ello, en diciembre del 2023, la Federación determinó la expropiación de una planta de hidrógeno en Tula Hidalgo, era operada por la empresa francesa Air Liquide.
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