La nueva iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una respuesta jurídica al amparo de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), una forma de asegurar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga mayor peso que la Iniciativa Privada en el sector energético, de acuerdo con la firma internacional Hogan Lovells.
En Entrevista, el socio del despacho, Mauricio Fuchs, explicó que la nueva propuesta de AMLO busca modificar la Constitución misma, mientras que la reforma anterior se centraba en disposiciones secundarias, lo que podría tener implicaciones significativas en la implementación y el alcance del sector energético a largo plazo.
La estrategia de la nueva propuesta de reforma, comenta, es volver a plantear lo que había sido rechazado por la SCJN: evitar un debate directo y la posibilidad de un nuevo recurso de inconstitucionalidad.
“Sería replantear lo que había desechado la SCJN y darle una vuelta para que no sea debatido (…) Lo que se buscaba hacer en la otra es modificar leyes secundarias y ahora lo que se busca es reformar a la Constitución”, dijo.
El especialista detalla la importancia de entender que al tratarse de una reforma constitucional, su proceso y sus implicaciones difieren de una modificación a leyes secundarias.
Sobre las posibles implicaciones para el sector energético, Fuchs dijo que la intención subyacente parece ser fortalecer a la CFE y otorgarle ventajas sobre los actores privados. Sin embargo, advierte que esto podría resultar en la pérdida de capacidad para atraer inversiones extranjeras.
En cuanto al panorama político, dijo que las reformas pueden interpretarse como un intento de consolidar las agendas pendientes del gobierno saliente, así como de fortalecer el discurso político de la administración federal.
La reforma de AMLO
En el 2021, AMLO presentó una reforma al sector eléctrico. Este proyecto generó debates intensos debido a las preocupaciones sobre el sesgo hacia la CFE en detrimento del sector privado.
La intención era que, por medio de cambios de leyes secundarias, se pudiera fortalecer a Pemex y a la CFE mientras que se limitaba la participación del sector privado, instaurada durante la reforma energética de 2013.
Sin embargo, después de meses de espera, la semana pasada la SCJN aprobó el primer amparo contra la reforma de 2021.
Declaró inconstitucional la medida por transgredir principios de competencia y libre concurrencia. Esta decisión impide no sólo su aplicación para las seis compañías amparadas, sino para todos los participantes en el mercado energético.
Como respuesta, el domingo 5 de febrero de 2024 AMLO presentó un paquete de 20 reformas y el punto quince de ellas propone un cambio constitucional para restablecer a la CFE como una empresa pública estratégica.
¿Qué dice la iniciativa de reforma para la CFE?
De acuerdo con lo planteado por AMLO, se busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
En el artículo 28, se lee en documento entregado, cuarto párrafo del texto vigente se establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios, sino actividades que el Estado debe ejercer de manera exclusiva como área estratégica. Sin embargo, no se define cuál es el objetivo de la planeación y el control.
“Para evitar este vacío, se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, vigente en nuestra Constitución, tengan un objetivo explícito: preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación”, detalla el texto.
Por otro lado, el artículo 27 establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica; sin embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social.
De la misma forma, en lo que respecta a las empresas particulares, se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garante de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Finalmente, en el artículo 25, quinto párrafo, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado. Se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las “mejores prácticas”.
“De acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, lo que no aplica a la empresa pública”, reitera la iniciativa.
También lee:
