Después de meses de espera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso freno a la controvertida reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Este proyecto, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), generó discusiones alrededor de su posible sesgo a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento del sector privado.

Durante el 31 de enero, la Segunda Sala de la SCJN aprobó el primer amparo promovido en contra de la reforma del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Se trata de un proyecto que busca resarcir los efectos generales de lo propuesto por el Ejecutivo Federal.

En concreto se buscaba declararla inconstitucional porque no iba en línea con lo publicado en la Constitución federal y a la reforma en materia energética de 2013, impulsada por el entonces titular del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto. 

“Transgrede los principios de competencia y libre concurrencia. Ello porque, en lugar de atender a un criterio de eficiencia como lo manda la Carta Magna, la indicada legislación secundaria prioriza a quienes pueden celebrar contratos con compromiso de entrega física, es decir, a los generadores del Estado (CFE) o a las plantas asociadas a éstas, lo que genera una alteración en el mercado eléctrico”, indica el documento de la SCJN.

 

Según el Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO), este fallo se produce después de meses de retrasos de discusión y que por la misma espera se generó un centenar de solicitudes de amparos por parte del sector privado.

 

¿Qué buscaba cambiar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica?

De acuerdo con el proyecto de reforma, se buscaba reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para reforzar a Pemex y a la CFE y disminuir al sector privado, ya que este tomó mayor participación con Peña Nieto.

“El gran error económico de esta reforma del ejecutivo federal consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional”, se lee en el proyecto original del diputado por Sonora, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, integrante del grupo parlamentario de Morena.

En 2018, subraya la iniciativa de reforma, el precio de la luz subió 59% para las industrias en México en términos reales.

Votación del proyecto

Durante la votación del proyecto, el ministro Alberto Pérez Dayán presentó el voto de calidad para resolver el asunto y presentó el documento, mientras que Yasmín Esquivel Mosa y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra. 

Como contexto previo, el ministro Javier Laynez Potisek fue quien presentó el proyecto original para echar atrás la reforma, pero quedó imposibilitado por participar en la promoción de la reforma energética de Peña Nieto. 

“Amparo en revisión 164/2023. Ponente: ministro Alberto Pérez Dayán. Resuelto en sesión de 31 de enero de 2024 con los votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales y Presidente Alberto Pérez Dayán, quien en términos del artículo 56, párrafo primero, de la Ley de Amparo, emitió su voto de calidad”,informó la SCJN. 

Ante este contexto, El CEO consultó a Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, sobre si hay o no beneficios por declarar inconstitucional la reforma de AMLO.

Resolución positiva

La votación representa un revés significativo para el plan energético de López Obrador y más en un cierre de sexenio, de acuerdo con Ocampo. La reforma del mandatario mostraba al menos siete puntos que preocupaban. 

Y es que este amparo, válido con efectos generales, implica que la reforma ya no podrá aplicarse no solo para quienes se ampararon, sino para todos los participantes en el mercado energético.

La resolución representa un mensaje de certeza jurídica, aumentando la posibilidad de que lleguen más inversiones para el sector en los próximos años, más en un contexto de nearshoring donde se necesita aumentar la capacidad energética del país, así como apostar por las renovables.

Entre los puntos destacados que quedan eliminados con esta resolución, precisó Ocampo, se encuentran cambios clave en la inyección de energía a la red eléctrica, la desvirtuación de los certificados de energía limpia, y alteraciones en el suministro básico.

Los cambios de López Obrador buscaban privilegiar a la CFE y también tenían implicaciones en el ámbito internacional, al despresurizar las tensiones en las consultas con Estados Unidos sobre la reforma, de acuerdo con el especialista.

 La eliminación de este componente de la ecuación reduce la posibilidad de llegar a un panel de solución de controversias con Estados Unidos, que reclamaba específicamente cambios en la Ley de la Industria Eléctrica

 

subrayó. 

Aunque es difícil cuantificar el impacto exacto en inversiones que pudieron haberse perdido debido a la reforma de AMLO, el especialista indicó que se proporciona un impulso a la regularización y el fortalecimiento del Estado de Derecho, “factores esenciales para la toma de decisiones de inversión”.

Esta historia se actualizó a las 18:18 horas a lo largo del texto, se agrega el comentario del coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO. 

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