Una de las lecciones básicas que se enseña en todas las escuelas de economía moderna es que la intervención pública en la economía solo está justificada cuando hay un “fallo de mercado” (y se demuestra que la solución no es peor que la enfermedad).
La actual crisis inflacionaria global ha hecho que este principio haya sido abandonado y se defienda con cada vez más frecuencia la idea de que el estado intervenga cada vez que a los políticos les da la gana.
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), anunciado en mayo pasado, ya acumula erogaciones por 575,000 millones de pesos. Es una cantidad relevante, cerca del 2.3% del PIB, más lo que se acumule.
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Sin el PACIC, nuestro país ya tendría inflación de dos dígitos en términos anuales. Específicamente, la Secretaría de Hacienda comentó que el impacto ha sido de 2.6 puntos porcentuales en el valor actual de la tasa inflacionaria.
El cálculo puede variar, pero existe coincidencia entre la mayoría de los analistas que sin las medidas del PACIC, particularmente el estímulo fiscal a las gasolinas, la inflación sería cercana al 10.0%.
¿Controla la inflación?
Esto no implica que sea un éxito el Paquete. Su objetivo es controlar la inflación y no lo está logrando. Solo reprime un precio, el de los combustibles. El sitio de noticias EL CEO, realiza un análisis de los productos contemplados en el PACIC y encuentra que durante la primera quincena de julio los precios de esos bienes subieron 15% anual.
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Costos de oportunidad, en el olvido
Ahora, lo que no se ve, que es igual de importante, implica que los costos pueden ser exponencialmente mayores a los beneficios cuestionables que se le pueden achacar.
El más obvio, es el costo de oportunidad. Me concentraré en los recursos que el gobierno deja de percibir con el estímulo fiscal a las gasolinas. Aunque esta administración no ha demostrado tener prioridades de gasto que detonen la actividad económica o mejoren el desarrollo económico de los ciudadanos, existe la posibilidad de un destino más productivo de esos recursos.
México tiene múltiples rezagos en salud, educación, seguridad pública e infraestructura. Cualquiera de esas posibilidades tendría un impacto mayor que el estímulo a la gasolina.
En mayor medida, los impactos negativos de la inflación lo sufren las personas en los deciles de menor ingreso. El estímulo fiscal de las gasolinas beneficia en mucho menor grado a ese grupo de personas.
“Ahorro monetario implícito”
Por otro lado, el que el consumidor termine enfrentando menores precios de la gasolina, implícitamente representa un ahorro monetario. En ese sentido, es importante conocer el destino de esos recursos.
La razón, es que existe la posibilidad de que se gaste en otros bienes y servicios, lo que se podría traducir en presiones inflacionarias contrarrestando en parte la represión de precios lograda en los combustibles.
Los actuales altos niveles del rubro subyacente de la inflación podrían estar reflejando este efecto de un mayor gasto por los recursos ahorrados.
Por último, teniendo en cuenta todas las externalidades asociadas al uso de automóviles (cambio climático, congestión, accidentes), el estímulo fiscal a las gasolinas anima a la gente a conducir más, agravando las externalidades negativas.
Así, el PACIC se convierte en una más del listado histórico de políticas públicas con buenas intenciones, pero malos resultados. El problema es que la retórica del gobierno implica una pérdida de recursos con fórmulas del pasado que han demostrado una y otra vez su inefectividad.
*James Salazar Salinas es subdirector de análisis económico de CI Banco. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor.
