Debido a que no existe Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un tribunal federal de Mérida confirmó la suspensión provisional que impide la obra del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, con sede en Mérida, confirmó la víspera la suspensión por unanimidad dictada el 12 de abril por el juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo.
La “autorización provisional” para la obra fue otorgada con base en un decreto presidencial de noviembre pasado, que ordenó a las dependencias exentar de trámites a las obras prioritarias de la administración de López Obrador.
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Suspenden obras
La finalidad de la suspensión provisional es que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo Cinco Sur del Tren Maya.
Esto, a fin de que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material
Está previsto que este viernes, el juez Novelo celebre la audiencia incidental del amparo 884/2022, en la que decidirá si convierte la suspensión provisional en definitiva o no.
La suspensión provisional estaría vigente durante todo el trámite del juicio de amparo, o hasta que el gobierno federal presente una MIA que cumpla los requisitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El juez Novelo ha otorgado al menos otras dos suspensiones provisionales contra el Tramo 5 Sur, en los amparos 820/2022 y 821/2022 y, según un grupo ambientalista, el pasado 29 de abril concedió una más que también abarcaría el Tramo Cinco Norte, de Cancún a Playa del Carmen.
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Cambios en tramo, origen del amparo
El contrato de 17,815 millones de pesos para el Tramo 5 Sur fue adjudicado en 2021 al consorcio Grupo México y Acciona, pero el gobierno federal cambió el trazo original, que corría paralelo a la carretera 307, y lo movió hacia la selva, lo que ha provocado las protestas y amparos.
La violación a las suspensiones daría lugar a responsabilidad penal de los funcionarios responsables, pues es un delito previsto en la Ley de Amparo.
Tanto el juez Novelo, como el Tribunal colegiado, son los encargados de resolver todos los amparos contra el Tren Maya, sin importar en que estado se ejecuten las obras.
