El gobierno de México clausuró temporalmente unas instalaciones de la constructora estadounidense Vulcan ubicadas en Quintana Roo, acusando un “deterioro grave a los ecosistemas” de la zona, una medida que la compañía considera fuera de la ley.
Vulcan Materials informó el jueves que funcionarios mexicanos presentaron ese día a sus empleados órdenes de cierre “arbitrarias” e “ilegales” de sus operaciones en una gigantesca cantera de extracción de piedra caliza en el estado Quintana Roo.
📌 El @GobiernoMX y el #SectorAmbiental trabajamos para lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales se sujete a los principios de sustentabilidad, sostenibilidad y equidad que establece nuestra Constitución.
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— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 6, 2022
La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) anunció el viernes que acudió a verificar las actividades que realizaba la empresa y “colocó de manera preventiva sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.
Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas
detalló la dependencia sobre el incidente con la empresa, el mayor productor estadounidense de agregados para la construcción.
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Gobierno pone foco en Vulca
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el foco desde hace meses en las actividades de Vulcan en Quintana Roo, alegando que contaminan el área, mientras arreciaban las críticas de grupos ecologistas a un proyecto ferroviario gubernamental en la misma zona.
El Tren Maya es uno de los principales proyectos de infraestructura de López Obrador y que también forma parte de su plan para reactivar la economía del sureste mexicano.
La obra recorre Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo mediante aproximadamente 1,554 kilómetros divididos en siete tramos, con unas 21 estaciones.
En la construcción están involucrados el Ejército y consorcios en los que participan empresas como ICA, CICSA, FCC, Mota-Engil, Acciona Infraestructura y Construcciones Rurales.
La construcción, que arrancó en 2020, ha enfrentado retrasos, cambios en las licitaciones, aumentos de presupuesto –que ha crecido 25 veces en los últimos dos años– y modificaciones en el trazo, la última de ellas definida cuando el Tramo 5 ya se encontraba en construcción.
Esto involucró la expropiación de terrenos para que la vía corra en forma paralela a las vialidades que originalmente iba a cruzar en Playa del Carmen, aunque el nuevo trazo no se ha dado a conocer oficialmente por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dependencia a cargo del proyecto.
El Tramo 5 también motivó la inconformidad de asociaciones civiles como Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que interpuso un amparo y obtuvo la suspensión temporal de obras en la parte sur de este segmento, argumentando el daño irreparable por la tala de árboles, destrucción de la flora y especies nativas.
El presidente, quien afirma que inaugurará el Tren Maya a finales de 2023, ha criticado la oposición al avance del proyecto prioritario por parte de colectivos como “Sálvame del Tren” al que se integraron figuras públicas.
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Con información de Reuters.
