La reforma en pensiones que se entregó a la Cámara de Diputados representará una presión significativa para las finanzas públicas del país, pues el aumento de las aportaciones del 6.5% al 15% lo absorberá en gran medida el gobierno y no las empresas, revela un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Si se considera que el 64.9% de los trabajadores registrados ante el IMSS percibe hasta cuatro Unidad de Medida y Actualización (UMA), el gobierno es el que absorbe el aumento de estas contribuciones, con lo que tendrá un mayor costo por el pago de las pensiones.
El ejercicio que hicimos es ver cuánto se gastan actualmente en las cuotas sociales con la ley vigente y cuánto gastarían con la nueva ley, y lo que vemos es una diferencia de 2,000 millones de pesos. Y este análisis lo estamos haciendo con el nivel de empleo a agosto del 2020, el cual está deprimido,
dijo la directora de investigación del CIEP, Alejandra Macías.
El proyecto de reforma indica que el aumento de las aportaciones dependerá del ingreso que perciba cada trabajador.
Una persona que gana entre un salario mínimo hasta cuatro UMA, el gobierno le otorgará una mayor contribución a su ahorro pensionario.
En tanto las aportaciones patronales serán menores para quienes perciban un salario mínimo (5.15% del salario base de cotización) y se elevaran hasta 13.875% para quienes perciban 4.01 UMA hacia adelante.
Las aportaciones de los trabajadores no suben y se mantendrán en 1.125% del salario base de cotización.
“Lo positivo de esta reforma es que se concentren los recursos públicos en los que perciben menos ingresos, el punto es que realmente se apoye a quienes menos tienen y no tanto a quienes perciben menos porque la empresa los registró con el mínimo”, comentó Macías.
Para financiar las pensiones se propone utilizar los recursos de los programas presupuestarios Aportaciones Estatutarias del Ramo 19 y Cuota Social para Retiro, Cesantía y Vejez del IMSS.
Entre estos dos programas tuvieron un presupuesto este año por 51,717 millones de pesos y para 2021, se proponen recursos por 52,171 millones de pesos, es decir, un aumento de 0.88%, de acuerdo con el análisis del CIEP.
La iniciativa de reforma indica que por cada día de salario cotizado, el gobierno aportará 10.75 pesos a quien perciba un salario mínimo, es decir, en un mes la aportación sería de 322.5 pesos. Y si la persona percibe hasta cuatro UMA, el gobierno pondría 187.5 pesos.
Claroscuros de la reforma
La reforma en pensiones tiene claroscuros; si bien suben las aportaciones, la manera en que se aumentan generará una presión al gasto público y en el corto plazo puede precarizar más el empleo formal, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC), Carlos Lozano.
El aumento de las aportaciones de 6.5% a 15% se va a dar de manera gradual en un periodo de ocho años. Esto quiere decir que el gobierno no van a tener el dinero de manera inmediata para compensar la reducción de las semanas de cotización y el aumento de la pensión mínima garantizada.
Para los trabajadores que perciben un salario mínimo la aportación del 15% se conformará así: el patrón aportará 5.15%, el gobierno 8.72% y el trabajador 1.125%.
Si una persona percibe entre 3.51 a 4.0 UMA, el patrón aporta 12.08%, el gobierno 1.80% y el trabajador 1.125%.
Y si el trabajador percibe 4.01 UMA en adelante, el patrón aporta 13.88%, el trabajador 1.125% y el gobierno no aporta nada. Pero este universo de trabajadores es pequeño, comentó Lozano.
“Si se considera la aportación patronal de 5.15% respecto del 13.88%, el aumento es de más de 100%, las empresas siempre buscarán reducir costos. Lo que puede suceder es que sí paguen bien a los trabajadores, pero registrarlos con el mínimo ante el IMSS como se hace ahora o bien utilizar esquemas de terciarización”.
La iniciativa de reforma eleva la Pensión Mínima Garantizada de 3,289 pesos a 4,345 pesos mensuales. Con la reducción de las semanas cotizadas, esta pensión aumenta su cobertura del 34% al 82% de los trabajadores que tienen una afore, según la Secretaría de Hacienda.
Es un movimiento razonablemente político para no dañar más el sistema en 2021 que se cumplen 24 años de las afores y cuando debería pensionarse la primera generación por afore, pero definitivamente se va a ejercer una presión sobre el gasto público
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añadió Lozano.
Cada año aumentará la población de 65 años y más en 200,000 personas y el aumento completo de las aportaciones se dará hasta 2030, entonces “sí habrá una ausencia de un financiamiento y la presión será mayor para el gobierno”, remarcó el actuario..
La especialista del CIEP indicó que desde 2017 se tienen recursos registrados del pago de la Pensión Mínima Garantizada, pues hay personas a las que quizá no les convino pensionarse bajo el régimen de 1973, con lo que optaron por la Ley del Seguro Social de 1997 y recibir por lo menos la pensión mínima.
Reforma incompleta
La iniciativa de reforma en pensiones es incompleta, dado que se esperaba una reforma más integral en la que se consideraran también las pensiones del ISSSTE, de los estados, de las universidades estatales y las de las empresas productivas del estado, coincidieron los especialistas.
“Debía haber un poco más de solidaridad entre las tres partes, es decir, que no todo el aumento fuera del gobierno o del patrón, sino que también participara el trabajador en su ahorro para el retiro”, expuso Macías.
Pareciera que nos estamos alejando del sistema de reparto, pero en realidad solo se cambió la forma porque el gobierno seguirá siendo el que aporte más o subsidie más al pago de pensiones.
“Lo que estamos haciendo es pagar impuestos y luego lo repartimos en pensiones contributivas, cuotas sociales o en la Pensión Mínima Garantizada, pero al final estamos haciendo. Lo mismo y el punto es que no alcanza el dinero”.
