Representantes legales de Farmacias del Ahorro solicitaron al juez posponer la audiencia hasta el 20 octubre debido a que un miembro de la defensa presuntamente dio positivo a COVID-19.
La audiencia sucederá ante un juez en Ciudad de México para que decida si se vinculará o no a la empresa en un proceso penal por la presunta comisión de delitos ambientales.
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México solicitó la audiencia por haber talado árboles de madrugada y sin permisos gubernamentales, actividad considerada como un delito en la demarcación.
Este proceso jurídico es resultado de una denuncia ciudadana realizada en abril de 2019 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Tojil y Los Supercívicos, quienes acusan a la cadena de farmacias de haber talado al menos 1,804 árboles en 407 sucursales en todo el país para su ampliación o construcción de nuevas unidades.
“Es emblemático, por ser un procedimiento penal y no administrativo, pero no es el único”, explica Gerardo Carrasco, director Jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Después, gracias al monitoreo de ciudadanos, se notó que la tala obedecía a planes de expansión de las mismas sucursales, donde pretendían aumentar el número de cajones de estacionamiento o destapar letreros cuya exposición fuera bloqueada por árboles.
“Cuando Eduardo Solórzano llegó de Walmart (señalado de presuntos actos de corrupción) buscaban ser la segunda farmacia con más sucursales en el mundo”, dijo Carrasco.
De acuerdo con la investigación realizada por MCCI, Supercívicos y Tojil, esta práctica de tala ilegal sucedió en 26 entidades. Sin embargo, por cuestiones administrativas solo se enfocaron en Ciudad de México.
Fue así que corroboraron con autoridades locales el otorgamiento de permiso a la cadena farmacéutica que pudieran haber permitido la tala, no obstante, encontraron que sólo un permiso fue emitido para una sucursal. Por esa razón se pudo interponer la causa como delito.
A diferencia de otro caso similar y muy sonado, la Torre Mitikah, al sur de Ciudad de México, desarrollo que tuvo que pagar una multa administrativa por la tala ilegal de árboles, esta ocasión es la primera en que se lleva a juicio penal.
“Eso no había pasado en México”, dijo Gerardo Carrasco.
En caso de que en la audiencia el juez decida no vincular a proceso, las tres organizaciones recurrirán al juicio de amparo. Esperan que la fiscalía capitalina también impugne la resolución.
Pero, si el juez inicia la vinculación a proceso a Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A.P.I. de C.V., esta alianza presentar proceso penales en otras entidades, donde también se documentó el la comisión de este delito.
