El Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), envió una carta a altos funcionarios estadounidenses en la que indica que algunas acciones del gobierno de México “discriminan” a inversionistas estadounidenses del sector energético.
El documento está dirigido a Mike Pompeo, secretario de Estado; Dan Brouillette, secretario de Energía, Wilbur Ross, secretario de Comercio y a Robert Lighthizer, representante de comercio y principal negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reemplazará al TLCAN, a partir del próximo 1 de julio.
“Para nuestra industria, el éxito del T-MEC se basa en el marco que permite los flujos comerciales continuos y las inversiones de capital en energía entre los tres países más grandes del Norte. Sin embargo, nos preocupa que las acciones recientes tomadas por el gobierno de México debiliten este marco y discriminen a los inversionistas estadounidenses en violación de los compromisos que México acordó tanto en el TLCAN como en el T-MEC”, dice la carta firmada por Michael J. Sommers, presidente y CEO de API.
El API está integrado por empresas como Shell, Apache Corporation, Chevron, Exxon Mobil, Halliburton, por mencionar algunas.
Cuando México negoció el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), dejó fuera al sector energético, mientras que en el T-MEC, el negociador de México, Jesús Seade, consiguió dejar fuera el sector y garantizar la soberanía de México, algo que no era del agrado de Estados Unidos.
No obstante, ambos tratados contienen reglas en cuanto al tema de inversiones. El capítulo 14 del T-MEC indica que cada nación otorgará a los inversionistas de otra un trato no menos favorable que el trato que otorga, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra parte o de cualquier no parte en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio.
De acuerdo con Sommers, los inversionistas estadounidenses enfrentan dificultades cada vez mayores para obtener permisos para una variedad de actividades, incluidas gasolineras nuevas o renombradas, de terceros, instalaciones de almacenamiento, combustibles importados, terminales de líquidos, entre otros.
Estos ejemplos son acciones de discriminación contra las compañías miembros de API que probablemente contravengan los compromisos de México con la protección de la inversión del Trato Nacional, en los capítulos de Inversión tanto del TLCAN como del T-MEC
dice Michael J. Sommers.
Por lo que el API pide a los funcionarios utilizar sus canales diplomáticos para dirigirse al presidente de México y sus contrapartes a nivel de gabinete en las agencias de México e instar al gobierno a cumplir sus compromisos con el T-MEC para tratar a los inversionistas y exportadores estadounidenses “de manera justa en la víspera de la entrada en vigencia del T-MEC”.
Entre los seis ejemplos de discriminación que menciona la carta destaca que las empresas estadounidenses minoristas que venden gasolina y diesel en México enfrentan dificultades cada vez mayores para obtener la aprobación para tener estaciones de servicio nuevas o renombradas, ya que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) prolonga los procesos administrativos para los permisos de transferencia de propiedad legal que, según la regulación, deben otorgarse dentro de los 90 días.
Además, la CRE también solicita información adicional para emitir los permisos, que no está establecida en la normativa, hasta el punto de negar dichos permisos a las empresas, después de varios retrasos.
Las mismas empresas enfrentan inspecciones de normas realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que ha cerrado bombas en estaciones de servicio de empresas estadounidenses “por infracciones menores o inexistentes para la confiabilidad de la bomba y la manguera y para la precisión de la medición; además, indica que Profeco ha llevado a cabo inspecciones “con la presencia coercitiva de la Guardia Nacional”.
