Víctor Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobó un acuerdo que acreditó a la empresa Península Maya Development la propiedad de 53 hectáreas de la isla Holbox perteneciente al estado de Quintana Roo, las cuales se encontraban bajo el cuidado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Tanto los terrenos como la empresa fundada por el empresario yucateco Fernando Ponce García han estado envueltos en conflictos desde 2007, cuando empezaron las negociaciones de la empresa con los isleños.
En 2012, ejidatarios de la isla denunciaron ante las autoridades agrarias del estado, así como a medios de comunicación la compra “engañosa” y fraudulenta de 65 de 116 ejidos de la isla, que fueron pagados a 5% del valor catastral de la zona.
La compra fue hecha por Península Maya Development de Ponce García, fundada en 2007, y por Península Maya Group, a cargo de Ermilo Castilla, identificado como yerno de Ponce.
Esta sería la incursión en el sector inmobiliario de la familia Ponce, con más de 100 años de arraigo en Yucatán y que comenzó con producción de cerveza con Cervecería Yucateca, de donde deriva la cerveza Montejo. Posteriormente diversificaron sus negocios y en 1946 fundaron Bepensa.
El consorcio agrupa “más de 40 compañías agrupadas en cinco divisiones de negocio” que incluyen la producción, comercialización y distribución de 35 marcas de Coca-Cola Company, producción de empaques, químicos y saborizantes; comercialización arrendamiento y servicio de automóviles, camiones, motores, maquinaria y equipo de construcción; además de haber constituido una Sofom (FinBe) que brinda crédito empresarial, automotriz y de arrendamiento y financia proyectos de inversión.
El objetivo de la compra era el desarrollo del megaproyecto de lujo “La Ensenada” que ocuparía 980.05 hectáreas de la isla a desarrollar en cinco fases desde 2011 a 2030 con una inversión estimada en 3,200 millones de dólares. Incluía tres hoteles boutique (en total 195 cuartos), 872 unidades de vivienda residencial (lotes, villas y condominios multifamiliares), una “unidad turística” de nombre la Villa con plaza comercial y oficinas.
Para el acceso se tenía contemplada la construcción de un puerto terrestre y canal, además de plantas potabilizadoras de agua, sistemas de generación energética principalmente a base de diésel con “ sistemas renovables complementarios” y un helipuerto.
Ante el descontento de los ejidatarios y los litigios interpuestos para revertir la compra, la empresa apuró el proceso y buscó la aprobación del impacto ambiental del proyecto con el siguiente argumento:
“La mejor manera de preservar a Holbox, y a cualquier otro entorno natural consiste en no hacer nada […] Sin embargo, debido a que la tierra es de propiedad privada y ejidal, y mucha de la cual ya ha sido vendida, esta no es una opción factible. El ejemplo de Holbox Isla Chica demuestra que dejar que los terrenos en Holbox Isla Grande sean vendidos a diversos propietarios con propósitos particulares tienden a un deterioro ambiental”, indica la Manifestación de Impacto ambiental del proyecto.
Así, consideraban que el proyecto era factible por la preservación del ecosistema ya que impactaría 92.8 hectáreas de las 980 totales, sin embargo no comenzó la construcción, por discrepancias en el manejo de la línea de playa conocida como “Yum Balam” correspondiente a las 53 hectáreas que en 2016 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tomó bajo su cuidado.
Esas hectáreas formaban parte de la compra que hizo la empresa a los ejidatarios, por lo cual impugnó la decisión de la Comisión.
“Ante la incertidumbre que la decisión de la Semarnat de destinar esos predios al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por acuerdo publicado el 2 de mayo de 2016, la empresa inició el proceso legal, no en contra de la Semarnat o de lo qué ambientalmente corresponde al área natural protegida ‘Yum Balam’, sino para acreditar la propiedad de los terrenos”, comentó la empresa a través de su página de Facebook.
Así, el acuerdo publicado el 2 de enero del 2020 en el Diario Oficial de la Federación con la rúbrica del secretario Víctor Toledo Manzur le devuelve la propiedad de dichas hectáreas a Península Maya Developments y la posibilidad de desarrollar un proyecto de lujo en un municipio con 71% de población en situación de pobreza.
