Este viernes se cumplen 10 años de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y miles de sus extrabajadores aún sufren los estragos laborales, económicos y sociales del cierre de la compañía paraestatal.
De los 44,000 empleados que perdieron sus puestos de trabajo el 11 de octubre de 2009 con el “asalto” de la Policía Federal a las instalaciones de la empresa, poco más de la mitad tienen un ingreso fijo, ya sea por el cobro de pensiones o porque lograron reinsertarse en el mercado laboral.
El resto, alrededor de unas 20,000 personas, llevan una década esperando la ayuda del gobierno para recuperar la vida y la estabilidad que les arrebató, sin explicaciones, el gobierno de Felipe Calderón, dice a EL CEO un exabogado de Luz y Fuerza que prefirió el anonimato.
“Ahora esperamos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumpla con lo que no pudo el de Enrique Peña Nieto: completar el pago de las liquidaciones y pensiones, e incorporar a los compañeros desempleados en trabajos del gobierno”, explica Humberto Montes de Oca, secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En lo que va del sexenio, el mandatario ha declarado que se contempla la resolución de todas las controversias en torno al cierre de la empresa, y la contratación de 5,000 miembros del SME -principal sindicato de empleados de Luz y Fuerza-, pero aún no está claro cómo ni cuándo planean hacerlo.
¿La unión hace la fuerza?
El decreto de extinción del entonces principal generador de electricidad en México, firmado por Felipe Calderón, fue publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación el sábado 10 de octubre de 2009.
La decisión presidencial incluyó la llegada de la Comisión Federal de Electricidad como el principal generador y transmisor de energía eléctrica en el país.
El argumento para la liquidación de la compañía versaba que su “comprobada ineficiencia operativa y financiera” representaba un costo tan elevado que ya no resultaba conveniente para la economía nacional ni para el interés público.
Sin embargo, el movimiento que culminó con la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza por parte de la Policía Federal al borde de la medianoche de ese día, tomó por sorpresa a todo el país, principalmente a sus trabajadores. “Nadie esperaba el cierre”, recuerda el exabogado.
El cierre le costó el trabajo a más de 44,00 personas, quienes pese a ser víctimas de la misma acción gubernamental, corrieron con una suerte muy distinta.
De los empleados que tenía al momento del cierre la empresa, 28,000 recibieron casi de inmediato la liquidación ofrecida por el gobierno, mientras que el resto, unos 16,600 se unieron a un movimiento sindical disidente.
En esta agrupación está la mayor parte de personas que hasta el momento no ha logrado obtener una fuente de ingresos fija que les permita recuperar su “vida cotidiana”, dice el exabogado.
De esos 16,600, solo 4,000 pudieron reinsertarse a nuevas actividades de generación y transmisión eléctrica a través de varios emprendimientos, como la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro
, explica Montes de Oca.
¿La unión hace la fuerza?
Cuando desapareció, Luz y Fuerza del Centro recién había cumplido 106 años de su fundación, en 1903. Se trataba de una empresa transgeneracional, donde los puestos de trabajo se heredaban “del abuelo al padre, del padre al hijo y así sucesivamente”, explica el exabogado.
Cuatro años después del cierre de la compañía surgió la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro, una nueva organización fundada por el grupo disidente del SME que dista del tamaño y capacidades de su predecesora, pero que ha servido como fuente de ingresos para 4,000 familias.
La cooperativa tiene sus cimientos en las ocho unidades productivas que el SME logró obtener como “pago en especie” en 2015, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, las cuales cuentan con recursos humanos, profesionales, materiales y técnicos para realizar cualquier trabajo relativo a la electricidad, según su página de internet.
En su catálogo actual incluye la venta de servicios de administración e inteligencia de negocios, comercialización, construcción, distribución y producción de proyectos tradicionales eléctricos, alternativos -energías limpias- y de telecomunicaciones.
Entre sus clientes hay empresas nacionales como Alpura, Telcel, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad del Valle de México, además de algunas firmas internacionales como ZTE y Ericsson.
Contra la disidencia
Sin embargo, el uso de la infraestructura recuperada por el SME para beneficiar solo a una cuarta parte de los exempleados ha ensombrecido la labor de la Cooperativa.
Miembros del SME externos a la cooperativa han denunciado que por la renta de los deportivos, salones de fiesta, auditorios, el líder del sindicato, Martín Esparza recibe entre 20 y 30 millones de pesos mensuales.
El presunto uso discrecional y opaco de los bienes sindicales han sido motivo de reclamos y denuncias legales en contra de Esparza Flores y sus allegados.
Pero los roces entre el grupo beneficiado por el líder electricista y el resto de los agremiados se han intensificado en las semanas recientes, pasando de los recursos jurídicos a actos de violencia en protesta por la opacidad del destino final de los recursos de los trabajadores.
La Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza del Centro denunció en 2017 a Esparza ante la entonces Procuraduría General de la República por el presunto manejo indebido del patrimonio, cuotas y otros recursos que ingresan al sindicato.
Ante los escasos avances en el litigio, el 27 de septiembre de 2019, un grupo al que no se pudo identificar, atacó con piedras y cohetones el edificio sindical de la avenida Insurgentes de la Ciudad de México, según diversos reportes periodísticos.
En tanto, la senadora de Morena Claudia Esther Balderas Espinoza, presentó una propuesta para incluir las “previsiones presupuestales suficientes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 que solventen los gastos correspondientes a la restitución de los derechos de los trabajadores” de Luz y Fuerza.
