El proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es ‘viable en materia de riesgo ambiental’, pero estará condicionado a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cumpla con 16 medidas de mitigación ambiental, informó este jueves la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las consecuencias potenciales de la instalación aeroportuaria, que se ubicará en la base aérea militar del mismo nombre, apostada en el municipio de Zumpango, “presentan afectaciones mínimas al entorno ambiental, en su mayoría temporales, por lo que el sistema local tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales presentes en la etapa de operación del proyecto”, señala el reporte, publicado en la Gaceta Ecológica este jueves.
Entre las medidas que pide la dependencia medioambiental a la Sedena están la implementación de programas de monitoreo ambiental, la realización de estudios de diseño y evaluación de riesgos, la aplicación de un programa de saneamiento ambiental en la Laguna de Zumpango y otro para darle seguimiento a la calidad del aire.
El estudio se presenta casi dos meses después de que un el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México ordenó frenar la construcción hasta que el gobierno comprobara que tenía dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no se afectara al medio ambiente.
A finales de abril, López Obrador aseguró que el proyecto planteado en reemplazo del cancelado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco sería concluido en 2021 y aseguró que no habría sobrecostos, pues confía en el desempeño del Ejército mexicano, encargado de su construcción.
“Estoy seguro que se va concluir en tiempo y no se va ampliar el presupuesto destinado originalmente”, afirmó el mandatario.
En la construcción de la terminal se tiene contemplada una inversión de 68,367 millones de pesos y un plazo de dos años y medio.
El colectivo #NoMásDerroches, conformado por organizaciones civiles como Cause en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como por la cúpula empresarial, han interpuesto amparos contra la construcción del aeródromo y la inundación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que fue suspendido desde diciembre.
El proyecto sigue suspendido
Pese al dictamen de este jueves referente al impacto ambiental, la obra aeroportuaria seguirá detenida puesto que el Poder Judicial de la Federación no solo condicionó el proyecto a la autorización de la Semarnat, “sino también a que se contara con estudios, dictámenes y permisos en materia cultural, arqueológica, de seguridad, de viabilidad aeronáutica y de estrategia social, política e interinstitucional”, informó en un comunicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tras conocerse la autorización de Semarnat.
Actualmente hay once suspensiones judiciales que impiden que la obra comience su construcción, informó la organización, integrante de #NoMásDerroches.
