Juan Collado está bajo investigación por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al centro de las acusaciones que pesan en su contra se encuentra Libertad Servicios Financieros, entidad financiera que adquirió en 2015.
A Collado se le atribuye la simulación de la venta de un terreno en el sur de Querétaro por 156 millones de pesos a la Operadora de Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros en 2010. De esta operación, el litigante se habría visto beneficiado con 24 millones de pesos, según consta en la averiguación previa DP/16/2016, iniciada el 22 de marzo de 2016 derivada de la denuncia del empresario queretano Sergio Hugo Bustamante Figueroa.
Bustamante acusa el presunto robo de su identidad, lo que provocó la venta ilícita de su terreno, la Zona Comercial Centro Sur, con valor de 700 millones de pesos.
El terreno señalado se habría adquirido con suplantaciones de identidad, fraudes y simulaciones en asambleas del ente financiero, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR). En la transacción también figuran los nombres de José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.
Durante la primera audiencia de Collado la noche del martes, el denunciante presentó una copia certificada del documento, reporta Animal Político.
“El señor Bustamante desde 2016 ha presentado diversas denuncias penales en Querétaro y en la delegación de la Procuraduría General de la República y todas se han ido a las reservas”, dijo este jueves Antonio Collado, hermano y representante legal del abogado en el juicio, durante una entrevista con Radiofórmula.
Las denuncias contra Collado no prosperaron anteriormente debido a que el abogado no era parte de Servicios Financieros Libertad al momento de la compra y a que, en 2015, se transparentó la compraventa ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, destacó Antonio Collado.
Asimismo, rechazó que su hermano conozca al Sergio Hugo Bustamante personalmente y criticó que el caso se haya mediatizado por la presunta participación de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto en la empresa.
“En este caso, por presentar los nombres de los expresidentes de la República, en menos de un mes tuvieron (la Fiscalía General de la República) una orden de aprehensión con delitos tan graves como recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, lo que deja la fama pública de una persona destruida. En esta ocasión con Juan no será así porque demostraremos que los cargos son completamente injustificables”, declaró el jurista.
‘Buscan confundir a la autoridad’
La denuncia contra Collado está motivada por un grupo de exaccionistas, liderados posiblemente por José Rodríguez Borgio, que buscan recuperar Libertad Servicios Financieros, que pasó a manos del abogado en 2015, señaló el representante legal.
“No es una cortina de humo para el gobierno federal, sino para los intereses que hay detrás de quedarse con Financiera Libertad, con una intención de una intervención ilegal y de esta manera poder adquirir una empresa financiera sin haber pagado las acciones de esta”, acusó durante la entrevista radiofónica.
Javier Rodríguez Borgio es director de los casinos Big Bola y presuntamente habría participado en la constitución de una empresa fantasma mediante la que se diluyeron los recursos obtenidos por una segunda venta del terreno donde actualmente está Zona Comercial Centro Sur en 2015.
Entre otros personajes señalados en el caso se encuentran Martín Díaz Álvarez, exjefe financiero de Oceanografía, quien estuvo seis meses en el consejo de administración del ente financiero.
Servicios Financieros Libertad nació bajo la figura de caja popular en la década de 1960 y opera desde 2008 en el esquema de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), de acuerdo con su sitio web.
Una Sofipo es una entidad de microfinanzas que están facultadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para recibir depósitos, hacer préstamos, ofrecer créditos bancarios, expedir tarjetas de débito y distribuir seguros, fianzas y recursos de programas gubernamentales, explica la página del regulador financiero.
