En la Ciudad de México se abren más carpetas de investigación por el delito de aborto que en cualquier otro estado del país, a pesar de que la interrupción del embarazo es legal antes de las 12 semanas de gestación desde hace más de una década.
Entre 2013 y 2018, las autoridades capitalinas abrieron 490 carpetas de investigación por el delito de aborto, destinando recursos materiales y tiempo a perseguir la interrupción del embarazo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina argumenta que las carpetas pudieron abrirse por casos en los que el embarazo se interrumpió luego de los tres primeros meses de gestación.
Sin embargo, una investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) revela que en algunos casos estas se realizaron con base en testimonios o confesiones obtenidas por las autoridades mediante tortura.
“En muchos casos hay confesiones realizadas en entornos de intimidación o en los que a las mujeres se les condiciona la atención médica hasta que acepten haberse practicado un aborto. La mayoría de veces no se aportan otras pruebas pero se dictan sentencias de culpabilidad”, dice Karen Luna, investigadora jurídica de GIRE.
La CDMX, que despenalizó la interrupción del embarazo durante el primer trimestre en 2007, es la entidad con más carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto en todo el país, incluyendo los 20 estados en donde se han aprobado leyes contra la interrupción del embarazo en la última década, muestran las cifras del SESNSP.
Estados ‘blindados’
La interrupción del embarazo fue despenalizada en el Distrito Federal durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard. Desde entonces, los poderes legislativos de otras entidades han impulsado medidas ‘antiaborto’ que dieron como resultado que en 62.5% de los estados se castigue la interrupción del embarazo.
Las entidades que han aprobado este tipo de leyes de 2008 a la fecha son: Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Baja California, Morelos y Chihuahua.
No obstante, en todo el país el aborto es considerado delito, pese a algunas reservas en las leyes locales.
La demarcación que castiga con mayor severidad la interrupción del embarazo es Sonora, en donde la legislación establece una pena mínima de un año y máxima de seis años para tal delito. Le siguen Baja California, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas, donde la pena máxima alcanza los cinco años de prisión.
En Colima, la sentencia máxima por aborto alcanza los cuatro años, mientras que en Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Tabasco la pena máxima es de tres años.
En Jalisco, Baja California Sur, Campeche y Zacatecas las penas van de los cuatro meses a los dos años; en Yucatán de tres meses a un año; en Nuevo León de seis meses a un año y en la Ciudad de México de tres a seis meses.
Atención legal al alza
A partir de que el aborto es legal en la capital del país, el registro de interrupciones de embarazo se elevó 104.4% en todo el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Esto se debe en parte a que las mujeres se acercan cada vez más a instituciones médicas legales para abortar, dice Dahlia de la Cerda, de Morras Help Morras, una organización no gubernamental de acompañamiento a mujeres que enfrentan embarazos no deseados.
Para la activista, el alza en los abortos que registra el INEGI es un indicativo de que menos mujeres se enfrentan a interrupciones de embarazo peligrosas que ponen en riesgo la vida tanto de la madre como del embrión.
De 2010 a 2014 se produjeron en el mundo 25 millones de abortos peligrosos, lo que representa 45% de todos los abortos, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher. El documento concluye además que 97% de los abortos peligrosos se produjeron en África, Asia y América Latina.
En ese periodo los abortos registrados por el INEGI crecieron 34.5%.
El Consejo Nacional de Población presentó un informe en marzo de este año en el que en conjunto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública asegura que las instituciones de salud atienden anualmente a 200,000 mujeres por aborto legal.
Sin embargo, el mismo reporte asegura que al año entre 750,000 y un millón de mujeres se practican abortos de manera clandestina, lo que quiere decir, concluye el estudio, que ocho de cada 10 mujeres no tienen acceso a la interrupción legal y segura del embarazo.
… pero no es suficiente
Cerca de 47,000 mujeres mueren de manera anual por complicaciones derivadas de prácticas inseguras para la interrupción del embarazo, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Clara Santos, activista de la ONG Asilegal informó en la Cámara de Diputados que de acuerdo con datos del Observatorio de Muerte Materna el aborto inseguro se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte materna en México, aunque se desconocen las cifras exactas.
Médicos Sin Fronteras coincide y establece que el aborto no seguro es una de las cinco principales causas de mortalidad materna en el mundo, junto con las hemorragias, las infecciones, la presión arterial alta y el parto obstruido.
Se calcula que, cada año, al menos 22,000 mujeres adultas y jóvenes mueren a causa de abortos no seguros.
Además, siete millones de mujeres tienen que ser hospitalizadas cada año por complicaciones tras someterse a este tipo de prácticas a manos de personal que no cumplen con los mínimos estándares médicos, según la organización.
En México las condiciones no son diferentes, pero tampoco existe un censo oficial y preciso que ayude a dimensionar el nivel de la problemática, y esto empeora con las legislaciones que castigan a las mujeres que buscan abortar de manera segura, dice De la Cerda.
“En la mayoría de estados de México las mujeres tienen miedo acudir a instituciones confiables porque son acusadas de un delito que no debería ser considerado así. Por eso recurren a abortos peligrosos que pueden derivar en sus muertes”, dice la activista.
