Desde principios de octubre, alrededor de 20,000 servidores de la nación se organizaron con los equipos de transición gubernamental en todo el país para levantar el llamado Censo de Bienestar, un ejercicio del que poco se sabe a nivel metodológico, cuyo objetivo era definir a los beneficiarios de los programas sociales impulsados durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
En las entrevistas realizadas en hogares, los voluntarios preguntaban por personas mayores, estudiantes, jóvenes desempleados o con discapacidad. También entraban a los domicilios para verificar la información y conocer a los potenciales beneficiarios de alguno de los ocho programas nuevos que contempla el gobierno federal.
En ese entonces, se desconocía cuánto presupuesto habría para cumplir las promesas del presidente López Obrador para atender a jóvenes estudiantes o desempleados, ancianos, personas con discapacidad, damnificados, emprendedores y campesinos.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se detalla que estos programas recibirán 191,600 millones de pesos para su ejecución.
El monto representa casi 10 veces más de lo que tendrá el programa de inclusión para personas en situación de pobreza extrema PROSPERA, de acuerdo con el documento entregado el 15 de diciembre por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a la Cámara de Diputados.
Los programas son un “cálculo político muy claro; son la posibilidad de presentar beneficios rápido (a la población)”, dice el Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El experto advierte que la falta de una metodología clara en la asignación de los recursos, así como la poca claridad sobre cómo se entregarán y a quienes “abre la puerta a una nueva forma de clientelismo electoral”.
Problemas desde la raíz
El 16 de septiembre, López Obrador anunció que su equipo de transición realizaría un censo, casa por casa, para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales de su administración. Ese mismo día dijo ante sus simpatizantes en Nayarit que los apoyos sociales se entregarían de manera directa.
“Aclarar para este caso y todos los programas, ya no va a haber intermediarios; es decir, no se va a entregar el apoyo a través de organizaciones o a través de asociaciones; va a ser directo al beneficiario”, aseguró.
Semanas después, en las 32 entidades federativas se anunció que grupos de personas visitarían los hogares de los mexicanos para conocer sus necesidades; se trataba de voluntarios quienes realizarían los trabajos.
“En nuestra experiencia territorial tenemos muchos compañeros que se han dedicado a tocar puertas casa por casa, entonces hubo muchos voluntarios de este ejercicio”, dijo a EL CEO en noviembre Manuel Huerta, responsable de la transición federal en Veracruz.
Sin embargo, rechazó dar explicaciones metodológicas y del proceso de selección.
Sobre la selección de viviendas y zonas donde se realizaba entonces el ejercicio, Huerta explicó que se había hecho a partir de información que había ofrecido la administración estatal saliente y “a partir de los datos se detectan prioridades y a tocar puertas”.
El entonces encargado de este ejercicio en los 212 municipios veracruzanos también compartió que su estrategia para la entrevista “es tocar el corazón de la gente y mirarla a los ojos”, pero se negó a explicar las preguntas del cuestionario o las herramientas metodológicas que se aplicaron para el levantamiento de la encuesta.
Hasta el momento no se conocen los resultados de este ejercicio ni se ha publicado ninguna encuesta o metodología oficial. Tampoco se sabe con certeza quiénes participaron en el levantamiento ni bajo qué criterios se darán los apoyos.
“La mayoría de los programas se van a implementar sin haber pasado por pruebas piloto, sin reglas de operación y sin que haya una estructura clara de cómo van a funcionar realmente”, dijo Núñez.
¿Y los beneficiarios?
La falta de información pública sobre estos programas, así como sobre quiénes serán sus beneficiarios, es “riesgosa” porque se presta a manejos discrecionales, considera Mariana Campos, coordinadora de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa.
“Es desproporcionado que el gobierno esté decidiendo gastar esta cantidad de dinero en subsidios”, considera. “Lo mínimo que tenemos que tener es transparencia y rendición de cuentas sobre estos recursos”.
La experta explica que para evitar duplicidades y mal manejo de los recursos es necesario contar con un padrón único, donde se enliste a las personas beneficiarias y sus características. Sin embargo, esto no aparece contemplado en el proyecto presupuestario.
“Aunque Morena tiene mayoría en el Congreso, este es un contrapeso al poder Ejecutivo en materia de gasto. Entonces, tendría que tener en el decreto una exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se van a ir dando esos recursos”, dice.
De acuerdo con Campos, de existir una obligación por parte de la Secretaría del Bienestar -que será la encargada de realizar los análisis de los padrones de beneficiarios para los nuevos programas del gobierno- para mostrar a quién se le entregan los recursos, se podría tener una mejor gestión y vigilancia del dinero público.
“Ese es el contrapeso al Censo (del Bienestar)” y su metodología poco clara, considera.
