Las mineras mexicanas tienen una presión extra en el mercado accionario: una iniciativa de Ley para modificar algunas de las normas de la industria. Lo anterior se suma a la volatilidad en la que se encuentra inmerso el mercado mundial.
Angélica García, senadora de Morena, presentó este martes el proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Minera.
Los papeles de Grupo México fueron los de peor desempeño este martes, entre las emisoras de mayor peso del S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Las acciones de Grupo México descendieron 5.41% a 41.64 pesos por unidad, lo que se tradujo en una pérdida de valor de mercado de 18,528 millones de pesos.
Los títulos de Industrias Peñoles cayeron 4.74% a 254.37 pesos por unidad; en capitalización retrocedió 5,028 millones de pesos.
Definitivamente, habrá mucha volatilidad en las mineras a consecuencia de esta Iniciativa. Además, lo preocupante es que abre la puerta para quitar concesiones, en caso de no acatar las reglas
Eric Arámbula, asesor Independiente.
Otras emisoras, que no son parte del IPC, como Autlán también presentaron movimientos bajistas este martes. Sus títulos cedieron 1.48% a 13.99 pesos por unidad; su valor de mercado bajó en 57 millones de pesos.
Como excepción, las acciones de Minera Frisco avanzaron 0.39% a 5.20 pesos por unidad.
El sector minero aporta el 1.5% al Producto Interno Bruto y contribuye con 328,000 empleos directos y un millón 600,000 empleos indirectos.
A inicios de noviembre, Morena también presentó una iniciativa de Ley para disminuir -de manera significativa- las comisiones de cobran los bancos. Lo anterior provocó que las instituciones financieras perdieran, en una jornada, casi 100,000 millones de pesos de capitalización.
La propuesta de Morena
La iniciativa sobre la Ley Minera indica que el sector tiene una relevancia económica indiscutible en el país, sin embargo, se ha descuidado jurídica e institucionalmente por parte de la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano, el análisis del impacto social y de las consecuencias que traen consigo las concesiones que se han otorgado.
La organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hasta este año, ha documentado que existen más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera en nuestro país.
En este sentido, la iniciativa de Ley tiene cuatro objetivos fundamentales.
-Facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
-Facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
-Obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
-Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar
El documento dice que hasta ahora la Ley Minera no considera la necesidad de realizar estudios en este sentido y tampoco la consulta de las comunidades y los pueblos afectados por las concesiones.
Es por ello que los reiterados e impunes casos de violaciones a la ley y a los derechos humanos por compañías mineras, y el encubrimiento que los tres poderes de la Federación les prodiga, han obligado a la sociedad organizada de diversas regiones a fortalecer sus estrategias de autonomía para impulsar, desde plataformas comunitarias, la autodefensa de territorios y recursos frente a los autoproclamados proyectos de desarrollo.
“En la mayoría de los países donde las empresas mineras operan, es muy común que se cuente con regulaciones a favor de la protección del medio ambiente y de las poblaciones aledañas. Tampoco es extraño que se requiera cierta asignación de recursos para el desarrollo de las comunidades, incluso es una práctica bastante común en las Empresas (con o sin regulación que lo obligue). En el caso de la Iniciativa de ley, no estipula dicho monto”, publicaron analistas de Ve por Más en un reporte.
