El gobierno de Pekín, China, propuso una inversión en Didi que le daría a las empresas estatales el control de la empresa de transporte privado más grande del mundo, reportó Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto.

Shouqi Group, parte del influyente Grupo de Turismo de Beijing, y otras empresas con sede en la capital serían las interesadas en hacerse con una participación en Didi.

Añadió que los escenarios bajo consideración incluyen que el consorcio tome la llamada “acción de oro” con poder de veto y un asiento en la junta, agregaron.

Las acciones de Didi que cotizan a las 14:00 p.m. (hora de Ciudad de México) habían subido 2.16% lo que representa que sus acciones valen 9 dólares. 

No está claro qué tan grande es la apuesta de la ciudad y si su propuesta será aprobada por altos funcionarios del gobierno. 

Didi está actualmente controlada por el equipo directivo del cofundador Cheng Wei y el presidente Jean Liu, que recibió un poder de voto agregado del 58% después de la oferta pública inicial de la compañía en Estados Unidos. SoftBank y Uber son los mayores accionistas minoritarios de Didi.

Gobierno local

Los gobiernos locales tradicionalmente han tenido una gran influencia en la reestructuración de las empresas en su territorio, y la solución prevista encaja con las prioridades del presidente Xi Jinping de redistribuir la riqueza y frenar la influencia del sector de Internet. 

La propuesta de adquisición viene junto con una franja de sanciones que la administración de Xi está considerando para el líder de viajes privados del país, que debutó en Nueva York en junio a pesar de las objeciones de la Administración del Ciberespacio de China. 

El supervisor de la industria de Internet vio esa decisión como un desafío a la autoridad del gobierno central y funcionarios de la CAC, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y varias otras agencias iniciaron una inspección in situ en las oficinas de Didi en julio.

De acuerdo con Bloomberg, el impulso central de la propuesta del gobierno de Pekín es recuperar el control sobre una de las corporaciones más grandes de la ciudad, en particular los datos que obtiene de cientos de millones de usuarios a diario, una fuente considerada vital para la economía y la estabilidad social.