La decisión de la junta de supervisión de Facebook de extender el destierro en la red social del expresidente de Estados Unidos Donald Trump no resolvió cómo equilibrará la libertad de expresión de los líderes políticos y su responsabilidad de asegurar que los discursos de odio no inciten a la violencia.
La junta de 20 personas, que incluye juristas, activistas y un ex primer ministro, ratificaron la suspensión de Trump de Facebook por el momento, pero dijo que la empresa necesita hacer mucho más para prepararse para situaciones políticas volátiles.
Finally, we urged Facebook to conduct a review into its contribution to the narrative of electoral fraud and political tensions that led to the events of January 6. This should look at Facebook’s design and policy choices that may allow its platform to be abused.
— Oversight Board (@OversightBoard) May 5, 2021
Las políticas de la empresa sobre estos temas tienen una gran importancia, no solo en Estados Unidos sino en países como India, Brasil, Myanmar y Filipinas, donde sus líderes políticos han recurrido a la red social para avivar el odio o difundir desinformación, ambas con consecuencias mortales, según informes de Naciones Unidas y otros organismos.
Facebook se ha convertido en un medio prácticamente indispensable para el discurso político (…) tiene la responsabilidad tanto de permitir la expresión política como de evitar riesgos graves para otros derechos humanos
dijo la junta en su fallo del miércoles.
La junta de supervisión le dio crédito a Facebook por evaluar las acciones de Trump durante el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, lo que motivó su expulsión del servicio, contra el Plan de Acción de Rabat, una prueba aceptada a nivel mundial para distinguir la incitación al odio y la violencia de la libertad de expresión.
El plan de Rabat de seis puntos considera el contexto y la intención del discurso, el hablante, el contenido en sí, su alcance y la inminencia de daño. Trump dijo a los manifestantes en un video de Facebook que eran “muy especiales”, incluso cuando algunos todavía estaban irrumpiendo en el Capitolio. La cuenta del republicano tenía 35 millones de seguidores.
La junta concluyó que Trump usó su “autoridad presidencial en el lenguaje comunicativo en apoyo de los atacantes”, y su violación de las políticas de Facebook contra la glorificación de la violencia fue “grave en términos de sus daños a los derechos humanos”.
Pero la junta reprendió a Facebook por no tener un proceso para determinar cuándo deben restablecerse los privilegios de Trump. Le dio seis meses para decidir sobre el estatus del exmandatario e instó a la empresa a desarrollar una política para manejar crisis.
Facebook dijo que está revisando los comentarios.
Disturbios en India
La suspensión de Trump fue la primera vez que Facebook bloquea a un presidente en ejercicio, primer ministro o jefe de Estado. En marzo, expulsó al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, durante 30 días por difundir información errónea sobre el COVID-19. Su gobierno calificó la sanción un “totalitarismo digital”.
Como se ha convertido en una importante fuente de información, Facebook ha dado margen de maniobra a los líderes políticos porque lo que dicen es de interés periodístico e importante para el funcionamiento de los gobiernos.
Aun así, su vigilancia de los políticos que infringen las reglas ha provocado una reacción violenta de los gobiernos y nuevas amenazas regulatorias en India, Hungría y México.
Muchos grupos de la sociedad civil dicen que la empresa está demasiado dispuesta a silenciar la disidencia política y no tiene herramientas para lidiar con las muchas formas en que los gobiernos autoritarios están manipulando sus servicios, que también incluyen Instagram y WhatsApp.
El problema es especialmente complicado en India, donde los usuarios desde el año pasado han criticado a Facebook por ser lenta para frenar el odio en el discurso policial y algunas acciones de los políticos del gobernante partido Bharatiya Janata.
Mientras tanto, el gobierno exigió que la plataforma eliminara publicaciones críticas de su manejo de la pandemia, incluyendo algunas de legisladores locales.
En el corazón de la orden de la junta en el caso Trump está la visión de que todos los usuarios de Facebook, incluido el republicano, merecen claridad sobre las acciones que los sancionarían para siempre y los pasos que pueden tomar para asegurarse de que se levanten las suspensiones temporales.
Convenciones de Naciones Unidas sostienen que la libertad de expresión es un derecho fundamental y por lo tanto la gente no debe estar sujeta a un bozal arbitrario por parte de Facebook. La empresa se comprometió con la defensa de estos derechos humanos en un informe corporativo presentado en marzo que incluye informes de seguimiento.
“Si crees en el derecho internacional y en los principios de los derechos humanos cuesta ver cómo una prohibición de por vida podría estar permitida por cualquier contenido trasgresor”, tuiteó el miércoles Nate Persily, profesor de derecho de la Universidad de Stanford.
Pero la ley de derechos humanos también sostiene que las personas deben estar protegidas de la violencia y otras formas de daño.
Sarah Morris, directora de tecnología del New America Institute, dijo que la decisión de la junta indica que Trump ha repetido publicaciones cuestionables en el período previo al 6 de enero y su impacto en el ataque “lo convierte en un caso particularmente atroz que justifica su salida de la plataforma”.
La junta se negó a seguir el camino recomendado por una minoría de miembros de que Trump no debería ser reintegrado al servicio hasta que la compañía esté convencida de que ha dejado de hacer afirmaciones falsas sobre el fraude generalizado en las elecciones que perdió el año pasado y quite el apoyo a los involucrados en la ataque al Capitolio.
Si Facebook adoptó ese requisito, el regreso de Trump puede estar muy lejos. El exmandatario calificó la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 como “¡La gran mentira!”, una afirmación que hizo el lunes.
