Después de la elección en el Poder Judicial viene la “lucha jurídica”: César Gutiérrez
César Gutiérrez Prieto, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vaticina de bocajarro lo que sucederá después de la elección en el Poder Judicial del domingo próximo: “Me parece que habrá una lucha jurídica interesante después de la elección y más por los diferentes sucesos que han pasado en los últimos días”.
El abogado de 49 años, quien se describe como “padre de familia”, “buen hijo”, “ciudadano decente”, “especialista en derecho penal militar”, “abogado postulante” y “con conciencia social”, advierte que existen distintos intereses políticos y económicos que buscan incidir en los resultados de la elección.
–Sí, por supuesto– ataja Gutiérrez Prieto. Hay que recordar que todos los candidatos somos abogados y me parece que muchos de los candidatos ya iniciaron a presentar los diferentes recursos.
El abogado subraya que detrás de la difusión de “acordeones” –que supuestamente guían a los votantes dentro de una elección compleja–, podrían estar escondidos intereses que buscan incidir en los resultados del proceso. Recapitula los posibles actores de la sospecha: el oficialismo, la oposición, sindicatos, grupos empresariales, televisoras e incluso el crimen organizado.
“Pues sí, porque no aparecemos en este acordeón que se mandó a hacer. Se habla de 20, 30, 40 millones de acordeones que se mandaron a hacer a nivel nacional. Pero me parece que el ciudadano y el pueblo de México hemos hecho una muy buena campaña, nos hemos posicionado muy bien”.
Impunidad, ¿responsabilidad del Poder Judicial?
César Gutiérrez Prieto coincide en que la impunidad en México es un problema gravísimo donde, según la organización Impunidad Cero, el 94% de los delitos no se denuncian y menos del 1% se resuelven. Atribuye un alto porcentaje de la impunidad a la corrupción dentro del Poder Judicial.
“Cuando el delincuente comete un delito y es castigado, por supuesto que acabamos con la impunidad y entonces el mismo delincuente y la sociedad en general no quiere cometer un delito o no quiere ser reincidente, porque sabe que va a existir un castigo, ¿pero y si no?”, cuestiona el abogado.
También sugiere que la reforma del Poder Judicial debe ir de la mano con la reforma de las fiscalías. Señala que, actualmente, dichas instituciones son una “simulación”, ya que cuentan con el mismo personal, menos presupuesto y malas prácticas.
“Les cambias de color, las pintas, pero utilizas al mismo personal con menos presupuesto, las haces independientes, pero en esencia no solo no cambias la ley, sino que siguen con las malas prácticas y las malas costumbres. Además, parecería que el hecho de que estén saturadas de trabajo es con la intención de que no puedan dar buenos resultados”, reflexiona el candidato.
Además, afirma que los delitos de alto impacto no se investigan eficazmente porque los juzgados federales y del fuero común suelen beneficiar a la “delincuencia organizada” o a personas con “poder económico y político”.
La transformación de la SCJN
A pesar de las sospechas del proceso donde él mismo participa, Gutiérrez Prieto considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “sí va a cambiar” al desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y transformarse en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Califica este proceso como “un hecho muy importante”.
Si bien la reforma judicial contempla que el Tribunal de Disciplina podrá investigar faltas entre los ministros de la SCJN, será el Senado de la República quien determinará qué tipo de sanciones se les aplicarán en caso de que incurran en un delito o procedimiento administrativo.
“Todo aquel que me diga que el Poder Judicial es impoluto está mintiendo, porque todos los que nos hemos dedicado a postular, lo que se conoce comúnmente como litigar, sabemos que existe una corrupción demasiado grande dentro del Poder Judicial de la Federación”, acusa.
Los empresarios y el Poder Judicial
Gutiérrez Prieto sostiene que la SCJN actual se enfoca en asuntos de empresas transnacionales –según afirma, más del 80% de los casos–, lo que genera ganancias económicas a costa de las finanzas del gobierno mexicano, en lugar de atender asuntos de “interés nacional”.
“Es muy lamentable y es muy triste porque, además, retomando nuevamente a las empresas de este multimillonario, dueño de diferentes canales de televisión [refiere el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego], pues hemos entrado muchos de estos esfuerzos en que no se han pagado más de 60,000 millones de pesos”, añade.
Agrega que actualmente el gobierno de México ha sufrido ataques de “guerra híbrida” o “lawfare” (guerra jurídica), la cual padecen otros países centroamericanos y de América Latina.
“Pero él es uno de cientos de empresarios [insiste en el caso de Salinas Pliego] o de empresas transnacionales que no pagan impuestos porque la mayoría de las resoluciones son para beneficiar a estas empresas en contra de las finanzas del gobierno mexicano. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cuál ha sido la forma de trabajo de los ministros y ministras de la Corte, nos damos cuenta de que parecería que no les interesa beneficiar a intereses extrajudiciales extranjeros”.
Por último, propone que los ministros de la Corte deben ser transparentes y claros en sus resoluciones e intereses, explicando el fundamento de sus decisiones, especialmente en casos fiscales. Critica que muchos ministros actuales son “actores políticos” y no juristas, por lo que aboga por ministros “valientes, claros y transparentes”.
Derechos humanos
Por último, el candidato a ministro también está de acuerdo en que se investiguen todos los delitos de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos cometidos durante la llamada “Guerra Sucia”, incluyendo la desaparición forzada.
Gutiérrez Prieto, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo –quien se desempeñó como “zar” antidrogas en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuya administración posteriormente lo investigó por presuntos nexos con el narcotráfico–, afirma que él mismo ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos.
De hecho, se identifica como víctima de desaparición forzada y tortura por parte del Estado Mexicano, lo que, dice, le convierte en especialista en el tema.
“En mi vida personal, yo fui víctima del Estado Mexicano porque soy víctima de desaparición forzada, fui torturado, es un hecho público que se conoce porque querían que yo declarara en contra de mi señor padre”, dice el también especialista en derecho militar.
“Entonces, por supuesto que yo como víctima estoy de acuerdo en que se puedan realizar todas estas investigaciones y cuando me han hecho esa pregunta, si yo tuviera que excusarme, me parece que si es necesario que yo me excuse, lo haría. Pero en realidad, ¿cuántos asuntos de estos han llegado al pleno de la Suprema Corte? No ha llegado”, lamenta.
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