Las autoridades mexicanas hicieron oficial la prohibición para que las personas que violentan a mujeres y tienen adeudos del pago de pensiones alimentarias puedan accesar a cargos públicos o de elección popular.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la ley, que entró en vigor a partir de este martes, establece la suspensión de derechos a las personas que cometan alguna de estas faltas.
En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público
indicó la Cámara de Diputados en un boletín.
La legislación también aplicará para quienes afrontan alguna sentencia por delitos relacionados con violencia sexual, familiar, contra la vida, libertad e integridad corporal; además de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Los requisitos para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR) también están marcados en esta ley: ser de ciudadanía mexicana por nacimiento, tener al menos 35 años cumplidos al momento de la designación y no haber sido condenado por delito doloso.
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El contexto en México
Si bien no existe un registro oficial sobre las personas consideradas deudoras alimentarias morosas en México, organizaciones civiles como la Red Nacional de Deudores Alimentarios estima que son un total de 35 millones las personas que están en dicha situación.
Asimismo, el país se encuentra sumido en una crisis de violencia contra las mujeres, con 10 feminas asesinadas diariamente.
A partir de este día, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas cuentan con 180 días naturales para realizar los ajustes necesarios en sus constituciones y legislación correspondiente para cumplir con los nuevos lineamientos.
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Con información de EFE
