Tamaulipas implementa estrategia contra irregularidades en el servicio público
A la fecha reportan 195 sanciones administrativas y 85 expedientes por presuntas faltas graves.
La secretaría anticorrupción de Tamaulipas ha reportado a la fecha 195 sanciones administrativas y 85 expedientes turnados al tribunal de justicia administrativa por presuntas faltas graves como parte de una estrategia basada en el control y rendición de cuentas implementada por el gobierno estatal para combatir irregularidades en el servicio público.
Las sanciones son resultado de procedimientos administrativos derivados de auditorías, revisiones de control interno, denuncias ciudadanas y procesos de fiscalización realizados por las autoridades competentes, en el marco de las atribuciones legales del gobierno estatal.
El personal sancionado, comentan, corresponde en su mayoría a la administración pasada las cuáles fueron investigadas y se les pidió rendir sus cuentas por lo que algunos exfuncionarios impugnaron la sanción derivando el proceso en el tribunal de justicia administrativa.
Los avances de la estrategia se han cuantificado, de las 31,000 personas que pertenecían al poder ejecutivo estatal y que presentaban su declaración patrimonial y de intereses, hoy más de 79,000 presentan sus declaraciones en tiempo y forma.
Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. / Fotoarte: Israel ÁguilaTransparencia y rendición de cuentas
La estrategia impulsada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya ha sancionado tan solo en 2026 a 52 personas. Las personas sancionadas pasan por una serie de indicadores y acciones que permiten fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
De acuerdo con datos de la administración, la cuenta pública de 2023 sólo tuvo observaciones equivalentes al 0.03% del total del presupuesto auditado y la de 2024 tuvo el 0.02% lo que se traduce de 10 a 14 millones de pesos promedio observados en ambas cuentas públicas promoviendo el orden, la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos.
Los expedientes del tribunal de justicia administrativa corresponden a casos en los que se identificaron elementos suficientes para presumir la existencia de faltas administrativas graves, por lo que será dicha instancia la encargada de determinar las responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones adicionales conforme a la legislación vigente.
Las cifras expuestas reflejan una tendencia al fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control gubernamental en la entidad, manteniendo de manera permanente el registro estatal de servidores públicos sancionados e inhabilitados, además de coordinar acciones de prevención, detección y sanción de irregularidades en el servicio público.
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