La propuesta del senador Ricardo Monreal de concentrar en un órgano único al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Reguladora de Energía, además de generar incertidumbre, supone también un revés a los acuerdos que se lograron en materia de telecomunicaciones en el tratado México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
La iniciativa del legislador de Morena no solo ‘echa por tierra’ los logros de cada uno de los órganos autónomos especializados, sino que también vulnera algunos aspectos del Capítulo 18 del acuerdo comercial.
Este capítulo plantea que cada una de las partes debe contar con un organismo responsable de la regulación de telecomunicaciones, lo que se quebranta con la iniciativa de Monreal.
Esto, dado que la concentración de tres distintas autoridades en un solo organismo inhibe la capacidad de cada ente especializado de operar y regular de manera independiente al formar parte de un Instituto multidisciplinario, una figura que no se contempla en el capítulo.
En el apartado del acuerdo tendría que hablarse de esa flexibilidad en los cambios que tomen los Estados miembro para poder tomar decisiones que modifiquen dicho acuerdo
dijo Sandra Rodríguez, abogada especializada en Telecomunicaciones.
La especialista cuestionó que, ante la propuesta de un órgano multidisciplinario, no hay una estructura definida para el Instituto propuesto, ni el grado de especialización que tendrán los comisionados ni los temas sobre los que tengan manejo.
En el Capítulo 18 se establecen dos artículos de los 27 que lo integran que son esenciales y que dan por sentada la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un regulador autónomo e independiente.
Por un lado, en la referencia a la creación de un Comité de Telecomunicaciones y que estará integrado por representantes gubernamentales de cada parte, los cuales se esperaría, según los analistas, que fueran especializados en la materia.
Entre las principales funciones del Comité está:
Revisar y monitorear la implementación y funcionamiento de este Capítulo, con miras a asegurar la implementación efectiva del Capítulo habilitando la capacidad de respuesta a los avances tecnológicos y regulatorios en materia de telecomunicaciones para asegurar la continua pertinencia de este Capítulo a las Partes, proveedores de servicios y los usuarios finales.
Entre las obligaciones que plantea este capítulo para cada una de las partes está la solución de controversias, que en el caso de recursos señala que:
Las empresas puedan recurrir ante el organismo regulador de telecomunicaciones de la Parte para resolver controversias con un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones relacionadas con las medidas de la parte relativas a distintos asuntos establecidos relativos a obligaciones de proveedores de telecomunicaciones.
¿Y las inversiones?
Si bien el T-MEC es una especie de salvaguarda mayor para las inversiones extranjeras, particularmente de Estados Unidos y Canadá, podría verse afectado por la propuesta del legislador morenista.
Si algo busca implementar un tratado internacional en materia comercial es dar certidumbre; pero si algo se va a desechar, genera incertidumbre
comentó Michel Hernández, especialista en el sector de telecomunicaciones.
Tal como está planteado el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), que suprime el requisito del examen de conocimientos, carga la balanza a los político sobre lo técnico, agregó el especialista.
Para Hernández, el T-MEC es una herramienta que muchos inversionistas pueden hacer valer en México para combatir esta iniciativa.
En el país, la inversión privada en el sector de telecomunicaciones ha tenido ‘altas y bajas’, aunque uno de los años con mayor registro de inversión en infraestructura fue en 2016:
Para garantizar certeza a las inversiones es necesario contar con mecanismos como la autonomía de los reguladores. Sin embargo, tras siete años de la reforma se siguen cuestionando cambios, a pesar de que ya existe un marco que podría garantizar esa autonomía, agregó Hernández.
La iniciativa de Monreal para crear el Imecob prevé un ahorro anual de 600 millones de pesos, que en sus cálculos, equivale a un 22% del gasto de presupuesto.
Sin embargo, para el abogado especialista ese ahorro no contempla los costos que arrastraría el país ante la falta de inversiones, el perjuicio a los consumidores y hasta una posible consolidación de un monopolio.
Las obligaciones del T-MEC
El T-MEC incluye obligaciones específicas para México en relación con el mantenimiento de ley e instituciones adecuadas para evitar que los agentes económicos en su territorio realicen prácticas anticompetitivas, comentó por su parte Lucía Ojeda, especialista en Competencia Económica del CIDE.
Cualquier señal que implique que México relajará el camino hacia una aplicación de la política de competencia efectiva pudiera constituir una amenaza a los compromisos adoptados por México en el contexto del T-MEC
señaló Ojeda.
Si bien la iniciativa no afectaría la formación del Comité planteado en el T-MEC, en su opinión sí podría generar preocupación y duda sobre la fortaleza técnica del nuevo regulador para cumplir con los compromisos adoptados.
El T-MEC entra en vigor el próximo 1 de julio, mientras que la discusión del proyecto de ley está prevista para realizarse durante el periodo ordinario, que inicia el 1 de septiembre próximo.
