libertad de expresión sector energético

21 de julio 2021 | 8:44 am

Senadores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden instándolo a tratar las “violaciones” de México en materia de política energética bajo las reglas del T-MEC. 

Los 20 legisladores que firmaron la misiva piden a Biden que trate el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha impulsado reformas dando prioridad a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Los cambios recientes de la administración de López Obrador en las regulaciones y la legislación establecen un campo de juego sin nivelar para los inversionistas privados frente a las empresas estatales de México, Pemex y CFE, y por lo tanto, crean una gran incertidumbre para las empresas energéticas estadounidenses con inversiones existentes y para aquellas que buscan invertir en México,

indicaron los senadores

Además indicaron que estas medidas del gobierno mexicano amenazan la viabilidad de inversiones a largo plazo. 

En febrero de este año, el presidente López Obrador propuso la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y en marzo fue avalada por los Senadores. 

La LIE avala el despacho prioritario de la generación de la CFE en todas sus modalidades, incluyendo plantas que usan combustóleo y carbón, cambiando el orden existente que privilegia las energías más baratas y ha favorecido a las renovables solar y eólica. 

Sin embargo, la ley se ha frenado y suspendido su aplicación tras los amparos interpuestos. Un tribunal especializado en competencia económica revocó las suspensiones concedidas a dos empresas, pero prevalecen otras. 

Otra ley propuesta por el ejecutivo federal es la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada por legisladores en abril y que también ha enfrentado el escrutinio de privados.

Esta reforma pretende actualizar y regular en la ley el almacenamiento mínimo de petrolíferos, así como la revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos.

“Desde que las reformas constitucionales de 2013 en México permitieron la participación privada en el sector energético mexicano, hemos visto a empresas estadounidenses invertir miles de millones de dólares en infraestructura energética en el país, algo positivo para los fabricantes, los trabajadores, el medio ambiente y la seguridad energética de América del Norte”, indicaron los legisladores. 

Al eliminar la competencia se tiene un impacto negativo a las inversiones, aumenta costos al consumidor final y se contamina más, plantearon los senadores.