El Senado aprobó la reforma energética que devuelve a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) su estatus de empresas públicas, con lo que el Estado mexicano retoma el control sobre los recursos energéticos.
La iniciativa, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y respaldada por la nueva mandataria federal, Claudia Sheinbaum, fue avalada en lo general con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, esta última de la senadora de Movimiento Ciudadano (MC) Amalia García.
Los senadores de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) defendieron la reforma como un paso decisivo hacia la recuperación de la soberanía energética del país, argumentando que las reformas energéticas de 2013 habían debilitado las empresas estatales.
Por otro lado, los partidos de oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificaron la iniciativa como un retroceso que podría afectar las inversiones privadas en el sector y comprometer la competitividad de México en los mercados internacionales.
De esto va la reforma a CFE y Pemex
La reforma modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución tiene como objetivo fortalecer el papel de Pemex y CFE como actores centrales en la política energética del país, priorizando la seguridad y autosuficiencia de las mismas.
En lugar de ser consideradas “empresas productivas del Estado”, cambio aprobado durante la administración de Enrique Peña Nieto, ambos entes retomarán su carácter de “empresas públicas”, lo que marca un retorno al enfoque de garantizar el acceso a la energía como bien social y no como una actividad meramente comercial.
Además de la preeminencia de la CFE en el despacho de energía, la reforma incluye disposiciones que podrían permitir una mayor participación privada en el sector energético, aunque siempre bajo la supervisión del Estado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado que las energía renovables jugarán un papel clave en este nuevo esquema, aunque estas deberán contar con el respaldo de la empresa que provee energía eléctrica para asegurar la estabilidad del sistema.
Además, la iniciativa plantea la creación de un marco legal que reservará para el Estado el control del litio, así como el servicio de internet, que ahora se reconoce como una función estratégica del Estado. Con la aprobación del Senado, la reforma necesita ahora la ratificación de al menos 17 congresos estatales para su promulgación definitiva.
Con información de Reuters
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