La seguridad alimentaria es una de las herramientas más importantes para el combate a la pobreza, sin embargo, durante los últimos seis sexenios México ha intentado garantizarla mediante programas fragmentados que no atacan al problema con la profundidad necesaria, consideraron expertos.
La falta de coordinación ha representado obstáculos en el desarrollo del proceso. La alimentación es un derecho humano(…) y existen políticas de centralización en salud y educación, pero no hay una secretaría que cubra la alimentación. Eso es un gran reto.
Gerardo Torres Salcido, Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
La mayoría de las políticas que se han implementado en nuestro país se han concentrado en poblaciones objetivo muy específicas como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas o poblaciones vulnerables. El problema es que cada una de estas iniciativas es impulsada por distintas dependencias, lo que complica la coordinación de un programa de alimentación adecuada.
Son políticas que venían siendo muy fragmentadas. Hay por un lado los programas de Liconsa y Diconsa que intentan acercar alimentos a la gente a bajos precios. La forma de focalizarla es simplemente establecer las tiendas en zonas de alta marginación. Esa es una línea, pero también están los programas de despensa y los comedores infantiles. No hay realmente un programa específico que atienda la necesidad de seguridad alimentaria.
Marcelo Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral, CEEY
La Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto, es un buen ejemplo.
En 2013, el Gobierno Federal anunció que éste sería su programa insignia para atacar las carencias a las que se enfrenta la población más pobre de nuestro país, pues de las 6 carencias sociales medidas por la administración, la alimentaria era la única que había crecido entre 2008 y 2010.
En el indicador seis, referente a carencia alimentaria, se informó que se establecerían “tiendas, lecherías, comedores escolares y comunitarios, huertos familiares, complementos alimenticios y seguimiento nutricional a 1,100,000 menores”. En la implementación de estas acciones incidirían la SEP, Salud, Liconsa, Diconsa, DIF, Sagarpa y Sedatu.
En su documento de recuento de la CNCH, el Coneval expresó que la implementación de monitoreo por parte de cada uno de los actores era un gran avance, pero dijo que no se dio seguimiento al progreso que esto representaba para los hogares. La identificación del progreso probablemente era más complicada debido a la cantidad de actores involucrados.
El consejo explicó también que sería labor de los gobiernos venideros analizar las evaluaciones realizadas. La presente administración no continuó con el programa.
La falta de soluciones integrales es grave cuando consideramos que la seguridad alimentaria y el acceso a vivienda son los dos elementos más importantes para la erradicación de la pobreza (3 de los 8 indicadores contemplados en la CNCH).
Por otro lado, esta falta de eficiencia expone a la población mexicana a la desnutrición y a la malnutrición. “Tenemos una serie de programas que podrían coordinarse e implementarse a nivel urbano y rural. Si se coordinaran estos recursos que se destinan a poblaciones específicas”, explicó Torres.
La actual administración creó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que coordinará a Liconsa y Diconsa. Sin embargo, este ha pasado mayormente desapercibido en los últimos ocho meses, debido a la falta de anuncios de programas importantes.
