La Secretaría de Bienestar reportó avances importantes en el porcentaje de personas a las que pretende otorgar apoyos, sin embargo, la falta de transparencia en cuanto a las políticas de diseño y definición operativa hacen que sea complicado medir su impacto real.
El Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval) sería el ente encargado de realizar estas mediciones, pero los resultados de las evaluaciones se darán a finales de año. Además, solo evaluará los sistemas de diseño, mas no el impacto de los programas.
Para la directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandra Macías, será complicado hacer estos estudios en cualquier momento a futuro, pues para realizarlos se debería haber hecho un levantamiento de información previo a la puesta en marcha de los programas.
Además, un levantamiento comparativo posterior al arranque no está previsto en el plan de los programas.
Prospera y Progresa sí contaban con este tipo de evaluaciones, pero estos datos tampoco funcionan como punto de inicio para realizar evaluaciones a los programas actuales, pues los objetivos son distintos.
Además, la selección de los beneficiarios e incluso las metas específicas más allá de un número de apoyos siguen sin estar claras al público.
Hay algo muy importante que seguimos sin saber cómo va a operar: los sistemas de información para decidir cómo focalizar (los programas) o a quién llegar. Si nosotros queremos llegar a todos los adultos mayores, necesitamos saber dónde están y saber cuando uno muere y otro llega a la edad. Esa información no sabemos cómo se está generando.
Cynthia Michel, catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
A principios de año surgieron reportes en algunos estados de que los datos del censo se estaban levantando sólo desde las cabeceras municipales, lo que prevendría la inclusión de las personas que viven en las zonas más alejadas.
Esta situación complicaría aún más un proceso que Michel considera igual de importante que el censo inicial: la actualización. Esta permitiría mantener una base de datos clara de la población objetivo y la población alcanzada.
Sin embargo, algunos de los programas ya tienen un número objetivo de beneficiarios que parece no tomar en cuenta el crecimiento poblacional. Esto quiere decir que los programas se diseñaron con base en un presupuesto, en vez de presupuestarse con base en las necesidades de la población.
Es una decisión que sigue pareciendo pendiente, o por lo menos si ya está definido no ha sido una decisión que se haya hecho explícita. Son números que no sabemos por qué se pusieron así. Parecería más una decisión presupuestaria(…) más que una decisión que parte de un problema identificado. La pregunta podría ser también por qué se otorgan esos montos específicos.
Cynthia Michel, catedrática del CIDE
El proceso de actualización puede darse solamente con base en la homologación de registros administrativos. De acuerdo con Michel, el Sistema de Información Social e Integral, aunque tenía muchos problemas, fue el intento más cercano a esta homologación.
El sistema fue aprobado en 2018 y cancelado por la actual administración.
Otro reto de la implementación de políticas sociales es la maleabilidad de las definiciones. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha alejado de las carencias sociales para enfocarse en los derechos sociales.
El problema, considera Michel, radica en que no queda claro si existe una definición operativa de lo que es un derecho social y la forma en la que las autoridades se aseguran de garantizar estos derechos.
