Este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto que proponía amparar a Uber Portier México contra el cargo del 2% aplicado a las plataformas de reparto que operan en la Ciudad de México, en una votación dividida. A falta de mayoría, se resolvió returnar el asunto a la ministra Lenia Batres, para la elaboración de un nuevo proyecto.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena emitió el voto decisivo en contra, tras un empate previo entre sus colegas: Alberto Pérez Dayán —ponente del caso—, y Javier Laynez, quienes votaron a favor del amparo —es decir, en contra del impuesto—, en tanto que, Yasmín Esquivel y Lenia Batres se pronunciaron en contra del amparo, respaldando la validez del cobro. La postura del ministro finalmente inclinó la balanza.
El origen de la controversia se remonta a finales de 2021, cuando el Congreso aprobó un cobro por cada pedido gestionado a través de plataformas digitales de reparto. El cargo quedó establecido en el Artículo 307 TER del Código Fiscal en 2022, sin embargo, hasta el momento no ha sido implementado.
SCJN, epicentro de la nueva polémica de Uber
La resolución se produce en medio de un clima de tensión al interior de la SCJN. Apenas ayer, decenas de trabajadores de aplicaciones de entrega a domicilio se manifestaron afuera del Alto Tribunal, reclamando que el cargo es injusto y dañino.
A este respecto, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), manifiesta a través de su sitio web que “no se trata de un impuesto, es un aprovechamiento del 2% a plataformas digitales sobre la cuota de intermediación que cobran estas grandes empresas trasnacionales, que sacan sus ganancias del país, sin retribuir a la Ciudad por la actividad que generan (…) este aprovechamiento por su naturaleza, no puede ser transferible ni a los comerciantes, ni a los consumidores, ni tampoco a los repartidores”.
Repartidores de plataformas también rechazan impuesto
En este contexto, Saúl Gómez, vocero del colectivo Repartidores Unidos de México, que agrupa a trabajadores de Uber, Didi y otras apps, señaló que el movimiento rechaza “enfáticamente este impuesto disfrazado de ‘aprovechamiento’ (…) desde 2018 tenemos registradas 12,000 personas heridas en accidentes como repartidores en la Ciudad de México. De esos, el 30% se debe a fallas en la infraestructura vial, y aún así quieren cobrarnos”.
Además de recalcar que las infraestructuras viales representan un peligro para la seguridad vial, Gómez destacó que desde un principio, las autoridades hicieron a un lado a “todos los involucrados”, negándose a hacerlos partícipes de la discusión. “Algún miembro de la SCJN incluso nos dijo que ‘ni modo, nos toca pagar’”.
También alertó que al entrar el cargo en vigor, “inevitablemente aumentarían los precios”, lo que representaría un impacto negativo para los pequeños negocios que dependen de estas plataformas para subsistir.
La SAF señaló dentro de sus aclaraciones, que, junto con la Secretaría del Trabajo están apoyando a los repartidores para generar iniciativas que faciliten el acceso a la seguridad social y el reconocimiento a sus derechos laborales.
A este respecto, Gómez advirtió que el gremio ya carga con una pesada carga fiscal, al cumplir con el pago de impuestos que merman un 10% de sus ingresos. “A eso se sumará próximamente un 2.5% adicional por concepto de seguridad social”, señaló. De modo que con el “aprovechamiento” sus contribuciones podrían escalar hasta un 14.5%.
Los integrantes de Repartidores Unidos de México, esperan que Batres “cambie su postura” durante la siguiente sesión pública que será celebrada el 14 de mayo.
Nota del editor: Esta información se actualizó a las 15:50 horas, Ciudad de México
También lee:
