La presidenta de la SCJN destacó que, durante esta gestión, el proyecto de presupuesto solicitado para atender el incremento de cargas de trabajo no fue aprobado por el Congreso; por el contrario, hubo una reducción paulatina del presupuesto autorizado: 68 millones 933,000 pesos en 2023, 68 millones 917,000 en 2024 y 62 millones 262,000 en 2025.
Una fuente interna del Instituto Nacional Electoral, comentó para El CEO: “Se puede decir que éste es el penúltimo paso porque todavía falta de aquí a fin de mes (...) en cualquier momento el Tribunal Electoral nos manda sentencias que tenemos que cumplir de inmediato”.
Esto se suma a los casos que la Segunda Sala de la SCJN pateó el pasado miércoles, cuando realizó su última sesión, con 66 asuntos listados. Entre los que quedaron pendientes figuran el amparo de Elektra contra un crédito fiscal de 2008 y el de Movistar, a través de su filial Pegaso PCS, que solicita una deducción fiscal por 4 mil 442 millones de pesos.
El hermetismo persiste en el corporativo de Intercam, con mensajes confusos hacia sus colaboradores sobre el futuro de las otras unidades del grupo financiero; sin embargo, seguramente tendremos más noticias próximamente.
El tribunal máximo no resolverá ni la mitad de los casos pendientes a su regreso en agosto, dejando a la nueva Corte —compuesta en su mayoría por ministros recién electos y sin la más mínima experiencia— atrapada bajo una avalancha de expedientes.
La decisión obliga a la FGR a publicar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, considerada una de las peores tragedias de derechos humanos.
Los actores participantes denunciaron la recopilación de acordeones físicos, testimonios donde se revela la inducción al voto, acarreo, embarazo de urnas, entre otros.