Un gobierno no puede empezar de cero, pues bien o mal, antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido como presidente de México se formularon políticas públicas. Esta es la visión que comparte Edna Jaime, directora de México Evalúa.
Entrevistada tras la presentación del libro Léase si quiere gobernar (en serio), la politóloga que encabeza el think tank refiere que la nueva administración debe efectuar un balance “honesto” de lo que se hizo -bien o mal- en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para dar continuidad a las políticas públicas eficientes y evitar hacer un “borrón y cuenta nueva”.
Inventar el hilo negro cada seis años nos mantiene muy atorados. Necesitamos formular políticas de Estado y no políticas sexenales y ojalá que esa fuera la dinámica de esta administración
explica Jaime tras presentar el informe en la Cámara de Diputados y que agregó tiene dedicatoria para todo el gabinete presidencial.
De acuerdo con la organización, estos son losproyectos en materia de política pública en los que la nueva administración debe poner especial atención para retomar y fortalecer según sea el caso.
Darle más fuerza a la reforma penal de 2008
La reforma constitucional en materia penal -que se concretó en junio de 2016- fue uno de los primeros intentos en el país para contar con una política criminal integral.
Si bien tuvo avances importantes, existen serias deficiencias. Principalmente en las capacidades de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia.
De acuerdo con México Evalúa, las procuradurías y fiscalías son las instituciones del sistema de justicia con los niveles de eficiencias más bajos.
Algunos datos que reflejan lo anterior son que estos órganos solo dan respuesta a cuatro de cada 10 casos que se conocen -sin considerar la “cifra negra”, es decir, aquellos casos que no se denuncian-. Además, tan sólo cuatro de cada 100 casos son judicializados.
En este sentido, la organización apunta a que el sistema de justicia penal deje de ser concebido como la principal herramienta para combatir la inseguridad pública y pone el énfasis en que debe pensarse en eficientar el actual sistema de justicia penal.
Robustecer a las fuerzas policiales en municipios
De acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios tienen a su cargo funciones de seguridad pública, como la policía preventiva y de tránsito, sin embargo el mandato contrasta con el estado en que se encuentran actualmente.
El diagnóstico nacional sobre policías preventivas de las entidades federativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -cuya última actualización es del 2017- evidencía que más de la mitad de los policías en activo (56.8%) no cumple con los requisitos básicos para ser policía, pues no cuenta con su evaluación de competencias básicas.
También, del total de los 128,922 elementos policiacos en activo, sólo el 21.2% aprobó los exámenes de control de confianza. Los números rojos también tiñen a los cuerpos encargados de formar al cuerpo policial, ya que sólo seis de los 39 institutos y academias cumplen con el total de los requisitos de infraestructura y equipamiento.
Ante este escenario, la propuesta de México Evalúa es cambiar al paradigma en el diseño de la estrategia de seguridad pública y darle prioridad a la escala local de análisis, así como “fortalecer los diagnósticos que permitan acercarse a las situaciones de violencia de cada territorio”.
Independencia de poderes judiciales locales
Un elemento importante para la impartición de justicia es lograr la independencia del Poder Judicial en los estados. Esto significa que la designación de magistrados y del presidente del Tribunal Superior Justicia no corra a cargo del gobernador en turno.
Cifras de la organización refieren que en 24 estados, el Poder Ejecutivo y Legislativo es el encargado de estas designaciones, mientras que en siete de ellos, la atribución corre a cargo de los congresos locales; solo en la Ciudad de México existe un sistema mixto para elegir estos mandos.
México Evalúa propone impulsar una reforma judicial que unifique los métodos de nombramiento de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y magistrados -en las que no intervengan los gobernadores-, así como implementar la carrera judicial y el servicio de carrera.
Contratación de obra pública, un ‘hoyo negro’
Un grave problema identificado por México Evalúa es el tema de la contratación de obra pública, el cual carece de planeación y poca transparencia en los procedimientos de licitación.
El informe cita tres casos de obras que mostraron deficiencias en su planeación y fases siguientes: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el Tren Interurbano México-Toluca y el Paso Exprés a Cuernavaca.
El sexenio de Peña nieto se quedó corto en infraestructura
Entre los puntos débiles que se hallaron está que los ciclos políticos de seis años -lo que dura cada administración federal- dicta los proyectos y su desarrollo, tiempo que no es el ideal para la correcta construcción sobre todo cuando se trata de obras complejas.
Además de que pese a que la Ley de Obras Públicas establece que la programación de una construcción debe darse con una planeación completa, no se cumple e incluso se modifican durante su avance. El tema de las licitaciones pública es otro, ya que aunque su finalidad es generar competencia, se permiten procedimientos excepcionales como la adjudicación directa.
La opacidad en materia de contratación pública se destaca por lo que se recomienda ejecutar un plan que cumpla con un estándar de transparencia, establezca procesos de participación ciudadana, evalúe el sistema de contratación y use la tecnología como instrumento principal.
Entre las recomendaciones se establece un órgano “autónomo, técnico y especializado” que concentre la información sobre la infraestructura y su mantenimiento. Y reforzar, urgentemente, la transparencia y rendición de cuentas en procesos de contratación, gestión y ejecución de obras.
El descontrol en el gasto público
El ejercicio del gasto público está marcado por dos factores que se contraponen: es cada vez menos eficiente pese a que su crecimiento se ha impulsado, principalmente por el gasto corriente.
Según el análisis de México Evalúa, la forma en que se están gastando los recursos en el país no está contribuyendo a elevar el potencial económico y productivo, ni ha logrado disminuir la pobreza y la desigualdad.
“Hay un deficiente marco de gobernanza del proceso de elaboración, aprobación, ejercicio y rendición de cuentas del presupuesto público”, se explica.
Por lo que se plantean tres caminos para abordar la situación: mejorar controles de deuda pública, limitar crecimiento del gasto no prioritario e impulsar la inversión física y regular la transferencia de recursos que se realiza a los estados por medio de figuras discrecionales sin regulaciones.
También se llama al Congreso a comportarse como un verdadero vigilante del gasto, ya que destacan el papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando revisa la Cuenta Pública anualmente, pero ese proceso se hace cuando ya fueron ejercidos los recursos.
Hace unas semanas, en entrevista con EL CEO, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública indicó que el Congreso recuperará su compromiso con el tema de disciplinar el gasto público.
Dar continuidad al plan sobre educación
Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña la derogación de la reforma educativa aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto- ahora que ya asumió el poder en uno de sus discursos tras su investidura, lo reafirmó como un compromiso.
En EL CEO abordamos el tema de qué papel jugará Elba Esther Gordillo a su regreso al escenario político y su oposición a la reforma educativa.
El análisis de México Evalúa considera que “un viraje drástico de la política no sólo implicaría la pérdida de millones de pesos que se han invertido en la estrategia, sino que -y aún más importante- cancelaría la oportunidad de observar cambios tangibles en el sistema educativo nacional”.
En el informe se considera que se debe continuar con la implementación del Nuevo Modelo Educativo, el cual se basa en los siguientes puntos: planteamiento curricular, escuela al centro del sistema educativo, formación y desarrollo profesional docente, inclusión y equidad y gobernanza en el sistema educativo.
También se pone especial énfasis en la aplicación de recursos, contaminada con temas de ineficiencia y corrupción. Se ejemplifica el caso del Programa Nacional de Inglés, el cual aunque contempla la enseñanza de ese idioma desde preescolar a bachillerato no se logra aplicar por dos problemas: falta de maestros que lo dominen y recursos insuficientes para capacitarlos.
“Si bien, la reforma implementada por el actual gobierno no ha resuelto la mayor parte de los problemas educativos del país, sí sentó bases importantes para que sea posible transformar el sistema educativo nacional”, se concluye.
En busca de la competencia bien regulada
Según el informe, en México lejos de incentivar la competencia económica por medio de la regulación, ahí se encuentra la primera barrera, debido, entre otras cosas, a que el desarrollo de esa política se ha dado de “forma fragmentada y a diferentes velocidades”.
México Evalúa explica que el problema de no contar con lo anterior provoca que no se logre el buen funcionamiento de la economía nacional y afecta el bienestar de los ciudadanos. Es decir, esto se traduce en sobreprecios de diferentes productos lo que afecta al bolsillo, principalmente de los más vulnerables.
“El desempeño de órganos reguladores y de las demás autoridades encargadas de implementar la política regulatoria y de competencia en los diferentes niveles de gobierno es fundamental para lograr un desarrollo sustentable”, se indica.
Entre las recomendaciones que se establecen se encuentran: facultar a la Cofece para presentar acciones de inconstitucionalidad a leyes, cuando éstas contra vengan el derecho a la competencia y libre concurrencia; crear mecanismos formales en la ley para que la Cofece intervenga en el análisis de impacto regulatorio en la competencia y crear mecanismos para evaluar los resultados de los objetivos regulatorios, entre otras cosas.
Generar un ambiente de certidumbre
En el informe se destaca que la trascendencia principal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –que espera la ratificación en los congresos– fue la certidumbre que le confirió a los inversionistas sobre México.
“El TLC cambió la realidad política mexicana tanto como la economía, no porque todo mundo estuviera de acuerdo con éste ni porque todo mundo se hubiera beneficiado del mismo, sino porque constituye un espacio de legalidad donde existen reglas claras del juego, así como los instrumentos y capacidad para hacerlas cumplir”, indica.
México Evalúa recomienda al próximo gobierno generar fuentes de certidumbre internas más allá del resultado final que se obtenga del TLCAN, por medio de un reingeniería política que tenga como resultado mayor equidad y un nuevo equilibrio entre gobernantes y ciudadanos.
La propuesta sobre la mesa es mediante un acuerdo nacional en el que estén incluidos todos los sectores de la sociedad para descartar que se llegue a los pactos corporativistas de décadas pasadas.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, refirió que es “vital” cuidar a los avances logrados en materia de democracia y de instituciones autónomas a lo largo de los sexenios, la razón, según dijo es que ello garantiza controles de poder.
Controlar el poder resulta fundamental. Un poder concentrado puede ser muy dañino; una nación de hombres fuertes y no de instituciones fuertes puede ser muy riesgosa
