A poco más de dos años de la llegada del nuevo gobierno, México sigue sin una política de inclusión ni estrategia digital, lo que revela además la falta de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Estrategia Digital Nacional (EDN) y hasta CFE Telecom.
El Ejecutivo Federal ha incumplido su obligación constitucional de emitir una política de inclusión digital universal, lo que hace evidente que no la considera un área prioritaria, asegura Michel Hernández Tafoya, especialista del Observatorio de Telecomunicaciones de México.
El abogado especialista en telecomunicaciones realizó un análisis en el que concluyó que este escenario ha facilitado la toma de decisiones contrarias a los objetivos de digitalización nacional establecidos en la Constitución.
Esto derivó de varias solicitudes de información tanto a la SCT, como a la Oficina de Presidencia, CFE Telecom y hasta a la Secretaría de la Función Pública.
Entre las respuestas recibidas está la de la Oficina de la Presidencia de la República a través de la Coordinación de EDN no reconoció como parte de sus facultades la elaboración de la política de inclusión, lo que confirma que para la actual administración EDN no es sinónimo de política digital.
“Sin embargo, conforme al marco jurídico descrito no queda duda de que la Estrategia Digital sí es competencia de esa Coordinación”, señaló el abogado especialista.
Tras dos años del inicio de la administración actual, no ha concluido la elaboración de la Estrategia Digital Nacional definida en el Reglamento Interior de la Oficina de Presidencia.
Esto significa que no existe a la fecha un plan de acción para aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación, incluidos los servicios de banda ancha e Internet, como elemento catalizador del desarrollo del país.
El rol de SCT
En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la SCT le corresponde elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal.
Y si bien no se hace referencia específicamente a una política digital, las telecomunicaciones se encuentran en el centro de dicha política pues son una precondición para el acceso, despliegue de infraestructura, apropiación y uso de las TIC en todo el país.
Sin embargo, con la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, que estuvo liderada por Salma Jalife, revela una falta de compromiso del actual gobierno federal con la política digital.
Y no solo eso. También hace evidente que no puede concluir la elaboración de dicha política y tampoco tiene claridad sobre su rol en la materia.
La SCT desarrolló tres elementos de la política de inclusión digital universal, aunque no la constituyen, pues aún no está concluida: Marco de habilidades digitales, Programa de conectividad en sitios públicos y programa de cobertura social.
CFE Telecom, proveedor
CFE Telecom es un proveedor de servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro, sin embargo, la SCT le atribuye la doble función de prestar servicios y desarrollar elementos de política pública, particularmente de la política de inclusión.
“Una cosa es contribuir en su carácter de operador al cumplimiento de los objetivos y metas fijados en la política digital, hoy en día inexistente, y otra muy distinta es fijar la política que deben observar diversas instituciones del Estado en esta materia.
La solicitud de información del especialista a CFE revela que CFE no está al tanto de la existencia de un mandato constitucional a cargo del Ejecutivo relativo a la elaboración de la política digital.
En sus conclusiones, Hernández Tafoya sugiere que el Ejecutivo federal publique, a más tardar durante el primer trimestre de 2021, la política pública ordenada con la Constitución, con un enfoque de gobernanza.
Esta política tiene que considerar estrategias de recuperación económica frente a los efectos de la pandemia derivada de COVID-19, con objetivos y metas claras en materia de infraestructura, accesibilidad, conectividad TIC y habilidades digitales.
Además, que defina a los responsables de su cumplimiento.
