El próximo 1 de septiembre entrará en vigor la reforma al outsourcing, la cual establece una serie de cambios que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura beneficiará a los trabajadores, pero que en el fondo tendrá más bajo la lupa a las empresas que realizan operaciones de evasión y elusión fiscal.
Fue en octubre del año pasado cuando AMLO hizo el llamado de la reforma al outsourcing: “las empresas han abusado, afectado a los trabajadores, a la Hacienda Pública y al desarrollo del país”.
Tras meses de pláticas con el sector privado, el camino para que las empresas hicieran esta transición se ha visto entorpecido y aunque se dio la prórroga de un mes en agosto, el tiempo límite llegó a su fin.
En entrevista con El CEO, el abogado fiscal y catedrático de la UNAM, Juvenal Lobato, dijo que es una buena iniciativa, pero está mal implementada, además de que los primeros resultados de la reforma se verán hasta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empiece a auditar.
Es una reforma laboral, pero profundamente fiscal; es una reforma que la hacen para rechazar deducciones, auditar y determinar delitos fiscales. El resultado de la implementación no lo veremos este año
dijo Lobato.
Entre los problemas que han tenido las empresas son de carácter operativo por los cambios que se deben implementar con la sustitución de patrones, fusión de empresas y modificación de contratos, expuso el especialista.
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Bajo este contexto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que no habrá otra prórroga y que de noviembre de 2020 a agosto de este año, cerca de 2.7 millones de trabajadores migraron de una empresa prestadora de servicios de personal a una empresa real.
Hasta el 2019, en México había cerca de 4.7 millones de trabajadores contratados mediante el outsourcing, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, el salario base de cotización de 2.1 millones de trabajadores subió de 474.7 pesos a 531.7 pesos, un incremento de 12%, lo que mejorará las prestaciones de las personas contratadas.
En julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que el saldo de empleos formales fue de 116,543, tras la eliminación de 228,891 eventuales y la creación de 345,434 permanentes, con lo que el total de asegurados de este rubro llegó a 17.7 millones de personas.
El fondo de la reforma al outsourcing
En la forma sería algo positivo para los trabajadores que ahora verán mejoradas las prestaciones conforme a la ley, y en el fondo permitirá a las autoridades fiscales tener en el radar a aquellas empresas que evaden impuestos.
El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, cita en su libro ‘El outsourcing: terciarización o subcontratación laboral’, que en el país hay más de 6,000 empresas con 6.6 millones de trabajadores que evaden impuestos mediante el outsourcing, con un monto de 21,466 millones de pesos.
Según Romero Aranda, el outsourcing “es el esquema más dañino” para la defraudación fiscal, por encima de prácticas como el desvío de recursos públicos, o las prácticas de asesores para reducir la carga tributaria.
A todos los trabajadores los ponen en una empresa facturera y con esquemas de defraudación fiscal y lavado de dinero. Los dan de alta en estas empresas de papel con un salario mínimo (…) dejando de pagar enormes cantidades de dinero a las instituciones de seguridad social así como al fisco federal y erosionando la relación laboral,
dijo Romero Aranda en un foro de Thomson Reuters
En el mismo foro, el director del IMSS, Zoé Robledo, consideró que este esquema convirtió al trabajador en el eslabón más débil de la cadena obrero-patronal y subrayó que el 40% del empleo formal en México labora bajo el outsourcing, intermediación laboral o terciarización.
“De las 900 empresas registradas bajo esta actividad (subcontratación), solo 100 cuentan con registro ante el IMSS y de estas solo 40 pagan impuestos”, citó Robledo en referencia al libro de Aranda.
Con esta perspectiva y estas cifras se pone en marcha la reforma y empieza la extinción de la subcontratación “mala”, pues ahora solo se permitirá el outsourcing para “servicios especializados”, algo que para Juvenal Lobato será otra de las cuestiones a analizar.
“Una cosa es que la subcontratación de servicios especializados implica que pongas a disposición personal de una empresa a otra, y una muy diferente es la contratación de servicios, que significa que puedes contratar un servicio a una persona que tenga la infraestructura mientras no le mandes trabajadores, eso es válido”, apuntó Lobato.
