La pandemia por el COVID-19 generó un nuevo escenario en el que operadores de telecomunicaciones acordaron de manera conjunta con el regulador crear alternativas de servicios más flexibles para lidiar con la contingencia.
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— IFT (@IFT_MX) April 19, 2020
Esto puso de nuevo sobre la mesa el interés por parte de los jugadores del sector para que se elimine el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las telecomunicaciones, además de que se analice el pago de derechos por uso de espectro con el fin de que se reduzca.
Si bien es de suma importancia que México tenga finanzas públicas sanas, el interés de la industria por eliminar el IEPS no supone un argumento en contra de las contribuciones o en contra de la recaudación, comentó a EL CEO Adolfo Cuevas Teja, comisionado presidente interino del IFT.
En ese sentido, el comisionado dijo que se trata de considerar tanto la condición general de los servicios de telecomunicaciones durante la emergencia porque son reconocidos como un servicio público, lo que obliga a dar continuidad.
Pero también, añadió Cuevas, son servicios reconocidos como un derecho humano, es decir, como algo intrínseco a la dignidad y a la posibilidad de desarrollo de los individuos.
Por ello, parece complicado establecer un impuesto a un derecho humano reconocido como un servicio público, como no hace mucho sentido pensar que se establecieran, por ejemplo, impuestos a la educación o a la salud, que son servicios públicos y derechos humanos.
La contingencia derivará en una contracción en la capacidad de gasto de los individuos, de las familias, y de las pequeñas empresas por la caída de la actividad económica, agregó el comisionado presidente del IFT, por lo que la demanda va a reducirse.
Una forma de estimular dicha demanda es quitarle gravamen, porque automáticamente al eliminarlo, el precio de los servicios para el usuario final –que es quien lo paga– va a ser menor, y bajo esa lógica elemental y económica, la elasticidad de la demanda a un menor precio puede generar una mayor demanda
señaló el comisionado presidente del IFT en turno.
Esto significa que los usuarios podrían seguir manteniendo un nivel superior de consumo si el precio fuera más reducido, lo que no significa una ‘suma cero’, porque al estimularse la demanda, el Estado sigue recaudando otros ingresos como el IVA y eventualmente el ISR de las empresas.
Y en ese sentido, agregó, parece una medida prudente y prácticamente simbólica, porque realmente le supone una pérdida irrelevante al gobierno, pero puede ser un estímulo importante para los individuos, para las familias y para las empresas del sector.
