Mientras los senadores discuten el proyecto de reforma al Poder Judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, señaló que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la demolición del sistema y como respuesta presentó una nueva propuesta.

Por medio de redes sociales, la ministra pidió a los senadores que no aprueben el proyecto de la Cuarta Transformación  y “dejen la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces”.

“La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende, si tenemos el valor y la voluntad real hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, consideró.

La ministra indicó que la serie de movilizaciones que se están haciendo en todo el país en contra de la reforma tiene como fin preservar la República mexicana y que se basa en que existan tres poderes en el país: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

“Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”, comentó.

El proyecto que se propone desde el Poder Judicial

Norma Piña indicó que desarrollaron un proyecto de reforma al Poder Judicial que abarcó un ejercicio de diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia, a nivel federal y local, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia.

“Es el resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia como de quienes interactúan con ellos”.

La abogada indicó que también se presenta una propuesta que surge desde la Judicatura, que parte de un proceso reflexivo y autocrítico de jueces federales, magistradas, así como personal de los órganos jurisdiccionales y los sistemas de justicia locales.

“Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos”, comentó.

La ministra pidió que en esta discusión no se olviden a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos.

“Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”, dijo.

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