21 de noviembre 2018 | 6:56 pm

La iniciativa para crear la Guardia Nacional ya se encuentra en San Lázaro. El polémico proyecto de seguridad, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, inició su ruta para ver la luz.

La propuesta presentada por diputados de la bancada de Morena reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 31, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución, además de agregar otros transitorios.

El presidente electo presentó el 15 de noviembre su Plan Nacional de Paz y Seguridad, el cual desarrollará en el siguiente sexenio. Entre los ejes centrales se anunció la creación de la Guardia Nacional, ante el impedimento de retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, según justificó el partido político.

Hoy en día las fuerzas armadas siguen siendo el principal y el más justificable pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueron involucradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formación institucional adecuada para participar en esa tarea

argumenta la iniciativa.

La justificación del proyecto del Movimiento Regeneración Nacional reitera que México “sigue padeciendo la aguda carencia de una policía profesional”, además de que retirar a soldados y marinos de las tareas de seguridad pública “colocarían a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada”.

La función de la nueva institución del Estado será, según el documento: “participar en la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bienes y recursos de la Nación”.

Estará integrada por elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, adicionalmente se abrirá la convocatoria a civiles y elementos de tropa para que la conformen.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, explicó a un diario de circulación nacional que la Guardia iniciará con 83,000 elementos, de los cuales 37,000 vendrán de la Policía Federal, 36,000 militares y 10,000 integrantes navales.

Según Delgado, la diferencia entre esta estrategia y las que implementaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto durante su administración es que el primero sacó a los militares de los cuarteles para llevar a cabo tareas de seguridad, pese a que estaban prohibidas por la Constitución.

Peña Nieto por otro lado trató de imponer la Ley de Seguridad Interior, la cual fue desechada por la Suprema Corte.

Para el coordinador de la bancada de Morena, el camino que toma su iniciativa es utilizar una figura ya existente en la Constitución y permitir que tenga una actuación en el ámbito de lo civil en materia de seguridad pública.

La principal crítica al proyecto por parte de expertos y organizaciones recientemente es que la militarización continuará en el país.

Los puntos clave

Uno de los puntos importantes que propone la iniciativa se ubica en el artículo 21, el cual establece que los elementos de la Guardia podrán actuar como auxiliares del Ministerio Público Federal.

“Tratándose de conductas que presuntivamente puedan ser delitos del orden federal, la Guardia Nacional podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal, bajo su conducción y mando”.

Y continúa: “Si bien, la Guardia Nacional nace como una institución adscrita al mando castrense, es importante destacar que los planes, programas y acciones que darán sustento al despliegue de sus tareas correrá a cargo de la autoridad civil. Y los esquemas de profesionalización, adiestramiento y certificación se realizarán sobre la base de una formación policial. Todo ello, en estricta observancia de las disposiciones que emita el Congreso General en la ley orgánica de la Guardia Nacional, en materia de organización, adscripción, armamento, disciplina y uso de la fuerza”.

Especifica además en uno de los artículos transitorios la excepción a los policías militares y navales que formen parte de la institución, para que no se les aplique el artículo 29, el cual señala que “en tiempos de paz, las autoridades militares no pueden realizar funciones diversas a las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Una de las prohibiciones que enmarca es que ninguno de los detenidos por parte de algún elemento de la Guardia Nacional podrá ser trasladado a instalaciones militares.

Otro artículo transitorio indica que una vez que el decreto entre en vigor, la Policía Federal podría llegar a su fin, ya que sus tareas serán transferidas.

“Se faculta al Ejecutivo Federal para emitir las disposiciones de carácter general que estime necesarias, con el fin de que las funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, sean asumidas, en lo que corresponde, por la Guardia Nacional, con la gradualidad que permita asegurar la continuidad de las respectivas funciones y puedan llevarse a cabo la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros respectivas”, establece la iniciativa.